La división de poderes ha permitido que el aparato estatal, cumpla con la satisfacción de las necesidades de la colectividad
Sergio Arellano
¿Qué hora tienen? La que usted indique, señor presidente. Quien olvidaría esta frase tan icónica que se escuchaba en los pasillos de Palacio Nacional. Aquellas reverencias que sucedían en el presidencialismo absoluto e incuestionable. Vámonos al 2020. Parte del discurso de la administración actual, reside en la promesa de marketing que ofrece un gobierno “honesto”, cuyos ejes rectores, supuestamente residen en el bienestar del pueblo.
Al hablar de esto, me parece que han tenido lugar, confusiones gravísimas que se han endulzado con el término: soberanía. Para detallar este concepto, debemos apuntar, que una cosa es que nuestras decisiones se tomen de manera interna y consensuada, como lo es el ejercicio del voto o nuestras decisiones de gobierno sin la intervención extranjera; y la otra, someter a consideración de la ciudadanía, la impartición de justicia.
La división de poderes ha permitido que el aparato estatal, cumpla con la satisfacción de las necesidades de la colectividad, en este sentido, se ha optado por la independencia de los mismos en aras de no entorpecer funciones.
Sin embargo, como hemos notado, los gobiernos totalitarios de nuestro país, no han quitado el dedo del renglón. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró constitucional el poder enjuiciar a todo servidor público que haya cometido prácticas deshonestas.
Lo anterior, fue producto del debate en la propuesta del presidente López Obrador, misma que consideraba una consulta para juzgar a ex presidentes por los presuntos delitos cometidos durante sus gestiones. Además de que ya existen los medios jurídicos para lograr sancionar a los políticos por sus malas decisiones, me parece que quedó en evidencia la inclinación de la balanza en el alto tribunal. Al comenzar este sexenio, los politólogos apuntaban que la SCJN sería el contrapeso determinante ante las directrices marcadas por el poder ejecutivo federal. En las circunstancias actuales, y añadiendo la mayoría existente en el legislativo, el dedito lo dice todo. Con esta relatoría, pensemos más a fondo en el nivel de la manipulación. ¿Cuánto nos costaría llevar a cabo una consulta de esta naturaleza? Sin temor a equivocarme, se igualaría con el presupuesto electoral y también, tendríamos que demostrar su veracidad.