Juzgar con perspectiva de discapacidad: Sergio Arellano

Quiero traer a colación un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); particularmente el amparo en revisión 2387/2018. Una postura interesantísima con esta visión de derechos humanos. Para tal efecto, estimada o estimado lector, me gustaría que imagináramos lo siguiente: Dos hermanas que conviven bajo el mismo techo. Ambas adultas mayores.

Entre tanto, existe una relación violenta en donde una, agrede a la otra; cabe mencionar que una de las mencionadas, es una persona de talla baja. La víctima. Ahora, dejemos el plano de la imaginación, porque lo anterior, fue un hecho real. Coincidirán conmigo en la riqueza de este expediente por las particularidades comentadas. La mujer agraviada en este asunto, al hacer la denuncia correspondiente y tras andar en los pasillos del poder judicial; agotó las instancias. Constantemente señaló, en cada etapa del proceso, que no estaban tomando en consideración su condición de discapacidad.

En efecto, en el estudio que hizo el máximo tribunal mexicano al atraer este caso, resolvió en dos sentidos. Primero, verificó la existencia de una violencia en el seno familiar. Segundo, al observar que estaban involucradas dos individualidades en situación vulnerable, se veló por la reconciliación entre las partes involucradas. No obstante, para llegar a este segundo inciso, las y los ministros fueron muy claros en que, se tenían que igualar las condiciones; así como también, habría que sensibilizar a la señalada sobre los cuidados y la debida protección a su hermana con discapacidad.

Con esto, busco cristalizar la sutileza con la que hay que analizar la técnica jurídica; no basta con la rigidez del marco normativo. Se tocan, indiscutiblemente, aspectos de dignidad humana. Una guía espectacular para orientar a las y los juzgadores, reside en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad; documento descargable en la página web de la SCJN. Concluyo con esta constante necesidad de seguir actualizando a las y los juristas de este país; no importa el cargo público que ostente o su área de experiencia. Defender los intereses de quienes piden nuestro apoyo en razón de una injusticia, demanda un compromiso profesional y con nuestra vocación.