La justicia no puede ser aplicada por mandato popular
Arturo Cerda
La ausencia de los máximos representantes del sistema de justicia del país en el Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República pudiera no ser una coincidencia y sí algo que molestó al mandatario.
Andrés Manuel López Obrador mide cada palabra que usa, así él mismo explica el ritmo lento con que se expresa en sus conferencias. No creo que haya sido un dislate que señalara al Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a Alejandro Getz Manero, Fiscal General de la República, de hacer uso “arrogante” de la libertad que dan la división de poderes y la independencia.
Aunque asegura estar en contra, López Obrador ha insistido, casi de manera obsesiva, en realizar una consulta popular para que “el pueblo” decida si quiere que cinco expresidentes vivos sean enjuiciados.
La justicia no puede ser aplicada por mandato popular, no hay necesidad de pedir la opinión de la gente. En un verdadero estado derecho, como el que López Obrador promueve y presume, si alguien es señalado de cometer un delito debe haber una investigación en su contra por parte del ministerio público, quien está obligado a recabar pruebas para luego acudir con un juez y que éste determine si hay suficientes elementos para iniciar el juicio; en su caso, se debe permitir al imputado defenderse y, sólo hasta entonces, puede haber sentencia.
La consulta parece impulsar un proceso en sentido inverso, más con un propósito político que por un auténtico interés legal. No digo que Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña deban gozar de impunidad sólo por el cargo que desempeñaron. Pero si el presidente quiere auténtica aplicación de la justicia debe basarla en las leyes con las que contamos. Si hay pruebas en su contra, no hay tiempo que perder, ¿para que esperar casi un año? Pretender que la consulta sea al mismo tiempo que las votaciones intermedias del año que viene, pinta más como una maniobra electoral.
Con todo respeto, la actitud que asuman los titulares del Poder Judicial de la Federación y de la Fiscalía General de la República será una muestra de si ejercen a cabalidad su independencia, no de manera arrogante, sino porque son los primeros obligados a respetar y hacer respetar las leyes.
