Cuando pensamos en grupos de atención prioritaria, nos referimos a los adultos mayores, migrantes, personas de la diversidad sexual o personas con discapacidad
Sergio Arellano
Cuando tocamos estos temas tan sensibles, aparece en nuestra mente esa bella fotografía de nuestros políticos con un gesto muy amable y abrazando a alguien que no sabe qué está pasando.
Esto podría generar mucha gracia, pero la verdad provoca impotencia. Cuando pensamos en grupos de atención prioritaria, nos podemos referir a los adultos mayores, indígenas, migrantes, personas de la diversidad sexual, mujeres, jóvenes o personas con discapacidad.
En este sentido y poniéndonos los anteojos pro derechos humanos, el estado mexicano tiene la obligación de generar acciones afirmativas, medidas de compensación, política pública o en su defecto, iniciativas o reformas de ley.
Estas deberían de ser las intenciones de quienes ejercen el poder. Cuando buscamos la transversalidad de los derechos humanos, es muy importante unificar esfuerzos. Me explico con detalle.
Generalmente, las energías dirigidas para cambiar la vida de quienes tienen una discapacidad, tienen un corte asistencialista y son abanderados por el sistema estatal DIF; cuando en realidad la perspectiva debe contar con una visión colaborativa y uniforme.
El presente artículo tiene el objetivo de reflexionar sobre quienes están articulando los planes de trabajo en beneficio de este sector vulnerable. Más allá de que se cuente con un Consejo Estatal integrado por expertos y expertas, los objetivos deben de homologarse entre el poder ejecutivo local y los municipios.
Con una guía coordinada, las metas no se duplican y el gasto se reduce porque no estaríamos duplicando los programas. Se requiere, para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, un instituto o dirección que ponga sobre la mesa el panorama actual, los retos, la unificación institucional y que sume soluciones efectivas sin la necesidad de solo regalar apoyos.
Como una referencia empírica, podemos tomar los valiosos ejemplos de Guanajuato y Colima. Considero que las autoridades de Querétaro, particularmente las y los legisladores, así como la oficina del gobernador, deben mantener el dedo en el renglón para la creación de este tipo de órganos desconcentrados que pueden traer infinidad de beneficios en favor de la inclusión, no discriminación e igualdad de circunstancias.
