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¿Capacidad jurídica?: Sergio Arellano

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Sergio Arellano

En este artículo, quisiera tratar un tema de suma trascendencia. Como buen apasionado por los derechos humanos, me interesó el cómo podemos instrumentar una verdadera igualdad ante la ley y entre la población. Explicaré el razonamiento.

Las personas tienen derechos, ¿cierto? La cuestión reside en la capacidad de ejecutarlos. ¿Se ven limitados en algún momento? ¿En qué sentido es correcto mesurarlos o exigirlos? la hipótesis del millón. Si visualizamos a un individuo recluido en un centro penitenciario en virtud de un delito cometido, pensaríamos en su impedimento para saborear su libertad con total plenitud; aquí estaríamos hablando de la dificultad de otorgarle el goce de ciertas potestades. Vamos a trasladarlo a otra realidad.

El Estado mexicano tiene como encomienda que todas y todos disfrutemos el contenido constitucional sin reserva. No obstante, en tiempo real, somos testigos de los prejuicios y estigmas cuando se trata del reconocimiento jurídico de los grupos de atención prioritaria; particularmente, de las personas con discapacidad, adultos mayores, farmacodependientes, niñas y niños.

Al igual que nosotros, toman decisiones. Son acreedores de derechos y obligaciones; no podemos coartar y tampoco resolver por una persona que, con la asistencia correspondiente, puede responder por sí misma.

El Gobierno de la República, así como las Administraciones locales y municipales, deberían de estar pensando en cómo fortalecer los sistemas de apoyo para que aquellos puedan manifestar su albedrío sin la necesidad de un representante o tutor permanente que tome la dirección de manera unilateral.

Desafortunadamente este esquema es limitativo y discriminatorio, cuando el objetivo principal, se resume en lograr la menor injerencia en sus vidas. La reforma del año 2011 en nuestra carta magna no debe figurar como algo utópico.

Considero que el presente es un exhorto para que las legisladoras y los legisladores tomen cartas en el asunto en relación a lo dispuesto por las legislaciones civiles; se requiere un estudio minucioso del ejercicio de la voluntad.

“Salud
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