Sergio Arellano
Las brechas en México son notorias. No necesariamente de índole económica sino en cuestión de prejuicios. Al estar en constante interacción con terceros podemos optar por coadyuvar o etiquetar. Como cualquier sociedad tenemos puntos de desencuentro, pero nada justifica la desintegración del tejido social a través de la descalificación. El secreto radica en cómo estamos solucionando el presente con todo y posiciones conservadoras que han prevalecido en deterioro de la progresividad del derecho. Lógicamente uno de los estándares de vigilancia constitucional corresponde a la materia de igualdad y no discriminación. El gobierno federal, estados y municipios en el ámbito de sus competencias, han implementado programas para caminar de la mano con el contenido de la Carta Magna.
¿Pero qué tanto ha funcionado? Le platicaré, estimada o estimado lector, que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció en relación a la protección y defensa de la dignidad humana desde los ojos del servicio público. En palabras sencillas, la SCJN estableció un precedente importante y un avance para evitar las diferenciaciones. En atención a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante el máximo tribunal mexicano, se definió que los congresos locales no pueden limitar el ejercicio de una potestad y en todo momento, deben velar por la aplicación del principio pro persona. ¿Cuál fue la razón de este posicionamiento? Particularmente tuvo que ver con dos circunstancias: 1) En ley orgánica de la administración pública de Sinaloa se contempla el procedimiento para ser consejero jurídico estatal, delimitando en sus requisitos la nacionalidad mexicana por nacimiento, situación que restringe por completo la aspiración de quien busque dicho cargo en el supuesto de la naturalización, por ejemplo; sin mencionar los efectos discriminatorios que conlleva. 2) Un caso relacionado se presentó en Tamaulipas en donde la designación del Comisionado del Instituto Estatal de Protección de la Identidad halló una limitante en razón de la procedencia. Como se muestra, hay áreas de oportunidad que se siguen cubriendo; es nuestro deber reconocer el trabajo de la autoridad por aminorar las violaciones a derechos humanos.
