La principal tarea que un Estado debe asegurarles a sus habitantes, la esencia del Gobierno, ha sido, es y será la seguridad
Carlos Olguín
La gente quiere vivir en un lugar donde se sienta seguro; por eso, paga seguridad privada, alarmas, condominios privados, cámaras de seguridad, etcétera.
Esa seguridad se construye de muchas formas, pero una de las principales es a través del bienestar generalizado, con una sociedad económicamente estable, con crecimiento, con trabajo, con inversión… donde exista el flujo de la economía. Justo eso es lo que no está sucediendo en nuestro país.
Prueba de lo anterior son los datos recientemente publicados por el Inegi sobre los resultados económicos de los primeros nueves meses de la actual Administración en los que tenemos crecimiento negativo; es decir, estamos decreciendo, pero la pregunta que nos debemos plantear es esta: ¿cómo llegamos a esta situación?
Las respuestas son múltiples: mucha mayor inversión en programas sociales que en obra pública y privada; destruir sin una estrategia clara instituciones como la Policía Federal, para crear una nueva, Guardia Nacional, que no se sabe bien a bien de quien depende o cuáles son sus tareas; y destinar más de la mitad de esos elementos a cuidar la frontera sur, dando lugar a territorios completos gobernados por la delincuencia organizada, como muestra Culiacán.
Pero sobre todo la desconfianza generada en los mercados con la obsesión de cancelar grandes proyectos, principalmente el aeropuerto de Texcoco, el tren rápido México-Toluca, para sustituirlos por obras, que, además de ser ejecutadas por dependencias gubernamentales, excluyen la inversión privada; la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya están envueltos en grandes polémicas por ser anunciados y presupuestados sin si quiera tener estudios ni proyectos de impacto ambiental, evidenciado por la ola de amparos que se dieron y que parece que se resolvieron más por presión de parte del Ejecutivo que por convicción de los jueces y magistrados que detenían por ilegales los proyectos.
A pesar de que instituciones internacionales, aerolíneas, pilotos, inversionistas, países externos hablan de los problemas de Santa Lucía, de lo inseguro que es el proyecto, AMLO se aferró y con ello se detuvo la economía.
