El valor de los buenos juicios: Sergio Arellano

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Abril Pérez fue víctima de la sombra judicial. Después de acudir en varias ocasiones a la instancia jurisdiccional en la Ciudad de México

Sergio Arellano

Abril Pérez fue víctima de la sombra judicial. Después de acudir en varias ocasiones a la instancia jurisdiccional en la Ciudad de México por un tema de violencia, resulta que el tipo penal nunca lo relacionaron con un intento de feminicidio.

A pesar de haber sido agredida de forma cobarde y con evidencia de un maltrato infame por parte de su cónyuge, el juez catalogó lo anterior en el supuesto de lesiones. En otros espacios he señalado que los jueces y magistrados de nuestro país tienen una responsabilidad enorme al valorar demandas y denuncias, que deben apreciarse con una perspectiva muy amplia, tomando en cuenta el alcance de sus resoluciones. Un aspecto patrimonial, familiar o personal puede cambiar con una sentencia.

Tristemente no basta con resolver a favor o en contra de una de las partes; prevalecen sentimientos encontrados que no se atienden y por ende provocan, como en este caso, una acción directa contra la vida de una mujer inocente. Aquí destaco un área de oportunidad muy importante para el sistema legal mexicano.

La práctica de los juzgadores ha cambiado en vista de la transversalidad de los derechos humanos; sin embargo, el objetivo queda corto si nos detenemos al agotar las etapas procesales. Figuras jurídicas que operan en lo posterior como la reparación del daño nos acercan al restablecimiento de lo perdido; la excepción yace en la privación de la vida, en razón de que su restitución es imposible.

Para evitar sucesos lamentables como el de Abril, quien murió a consecuencia de un segundo ataque con arma de fuego mientras transitaba en la vía pública, exhorto a que las determinaciones de los tribunales sean más objetivas, cercanas y sensibles con la situación de cada persona para prevenir represalias negativas.

La norma tiene un sentido aplicativo, pero también interpretativo; quienes dirimen controversias están obligados por mandato constitucional a llevar a cabo una tarea integral en cuanto a la impartición de justicia. La definición “dar a cada quien lo que le corresponde” tiene que replantearse con la acepción pro persona y contemplando todos los posibles escenarios.




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