El Gobierno no se ha quedado quieto para evitar la marcha y ha apelado a las redes sociales

Pedro L. Jáuregui

Un país cansado de las sucesivas acusaciones de saqueos al erario público y la impunidad de la que gozan los antisociales denominados de cuello blanco y los diferentes poderes públicos saldrá el 21 de noviembre a una gran marcha nacional de protesta coordinada por la oposición.

La falta de una política de seguridad social digna para la clase obrera, que observa la ignominia que el truhan Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, del partido de ultraderecha Centro Democrático (CD), los tiene en el límite de la paciencia.

Pero no solo es la clase obrera la indignada con Carrasquilla, sino también el presidente Iván Duque, quien ha expresado su inconformidad.

Pero Duque tampoco tiene el respaldo de algunos de los integrantes del CD. La senadora María Fernanda Cabal, escudera principal del senador Álvaro Vélez, confesó: “No me siento representada por el gabinete de Duque”.

La marcha también busca evitar que se efectúe la venta de algunas entidades estatales, el aumento de las tarifas de energía y la rebaja de impuestos a las grandes multinacionales y de paso imponer más tributos a la clase media.

Pero el Gobierno no se ha quedado quieto para evitar la marcha y ha apelado a las redes sociales y pagado publicidad para vender la idea de que la misma es una réplica de lo sucedido, en Chile, México, Bolivia, Ecuador y Venezuela para desmontar algunos de los argumentos utilizados por centrales obreras, organizaciones sociales, sindicatos, campesinos, comunidades indígenas, estudiantes, movimientos políticos y educadores para que se efectúe las movilizaciones.

Los organizadores del paro nacional han reiterado que la jornada debe realizarse de forma pacífica para evitar desmanes, pero se están dando casos extremos como la conformación de grupos de ultraderecha de “antidisturbios” para “salir a la calle a defender el patrimonio y la infraestructura”. Esta propuesta inédita subvierte el Estado de derecho y el uso legítimo de la fuerza por el Estado.

La pregunta es: ¿Se mantendrá la calma o ganarán los violentos?