Violencia política se desbordó: Pedro L. Jáuregui

En lo que va corrido del año se conoció en un debate político que hasta el momento hay 82 muertos en actividades políticas, lo que hace revivir el fantasma de épocas pretéritas, en las que se volvió normal el asesinato de candidatos a las elecciones regionales, que en Colombia serán a finales de octubre.

Lo único que pide el Gobierno a los candidatos es no exponerse, lo que se puede considerar ridículo, porque la brecha de los que quieren cambiar el manejo que se le da al país es muy generosa porque no cuentan con las herramientas y recursos para enfrentar ese reto.

Lo único que se comprobó con estos hechos es que al Ejército le falta coordinación para la seguridad de los candidatos, que de paso son muchos, más de 117 mil. Hasta el momento no hay un solo partido político que se salve de la violencia política, incluyendo el de la FARC.

Algunos de los candidatos asesinados no fueron ni escuchados por la Unidad Nacional de Protección (UNP); aunque en las últimas horas, el Gobierno le ordenó a la entidad dar protección a los candidatos, lo que suena bonito, pero poco creíble por el volumen de personas que deben contratar y que no se puede hacer porque, por ley no lo pueden hacer en este momento.

En Colombia hay personas, que tienen casi 100 escoltas, pagados por el Gobierno, lo que constituye un desangre económico para el presupuesto del país. El derecho a la vida, vulnerado constantemente, tiene muchos ingredientes y algunos de esos asesinatos se han dado porque en las redes sociales se han corrido mensajes señalando que la víctima pertenece a un grupo irregular o colabora con ellos.

A esas muertes se suma la de los defensores sociales que día a día ven aumentar su cuota poniendo y en los que hay comunes denominadores como disidencias de las FARC o narcotráfico, el cáncer que invadió todos los estamentos.

Estos líderes trabajan en contra de los temas mineros, que reclaman la restitución de tierras y se oponen al narcotráfico, un salpicón de factores que significa tener la lápida colgada al pecho.

Por ello, Pablo Gómez de la UNP concluyó: “Debemos llamarnos a la necesidad de combatir el narcotráfico de manera contundente, y eso pasa por la necesidad de la aspersión aérea. Hay que darle herramientas jurídicas al Gobierno para que combata lo que nos está matando, que es el narcotráfico”