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Foto: AP

Esclavitud en el siglo XXI

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Se ha presentado una denuncia en contra del gobierno de Cuba por practicar la esclavitud en contra de su pueblo, en este caso hacia uno delos sectores más brillantes y especializados de la sociedad cubana, la de los médicos, pero también profesores y entrenadores deportivos.

El gobierno cubano obliga a este sector a participar en las denominadas “misiones de internacionalización” consistentes en acudir a algunos países con los que el propio gobierno contrata estos servicios. Los programas se publicitan como asistencia médica, social y deportiva gratuita, pero los gobiernos con los que se contratan los servicios, más de 100, pagan los mismos directamente al gobierno de Cuba.

Con ello, la misma represión laboral que las autoridades ejercen contra su pueblo, la aplican a los que salen a trabajar al extranjero. Las “misiones” tienen una duración de3 años y a los médicos o maestros se les aplican una serie de restricciones y amenazas para que no deserten, pese a lo cual, cientos lo han hecho y sus testimonios han servido de base a la denuncia.

Entre las restricciones, está la prohibición de casarse con nativos, de salir o desplazarse libremente y hasta la de conducir; se les mantiene confinados en lugares comunitarios, donde se les obliga a espiarse unos a otros y a falsearlas estadísticas de su trabajo. Los dirigentes  cubanos se quedan con entre el 75 y el 90% de los salarios que se pagan, lo que ocurre de gobierno a gobierno. Estos ingresos representan la tercera fuente de ingresos de la tiranía castrista, luego de las exportaciones y del turismo. Además, en algunos lugares, como concretamente en Venezuela, se les obliga a adoctrinar a la población atendida y a elaborar toda clase de controles para reforzar el gobierno de Maduro.

En el año 2014, los ingresos de la dictadura castrista por este rubro se elevó a más de 10 mil millones de dólares, lo que constituye el triple delos ingresos del turismo.

Todo esto constituyen delitos de lesa humanidad y la denuncia se ha presentado ante la Corte Penal Internacional y ante las Naciones Unidas. En el caso de Brasil, con el arribo de Jair Bolsonaro, éste denunció los abusos y las misiones se suspendieron. Los países que contratan este tipo de servicios también habrán de responder al tener parte de responsabilidad, sobre todo los que forman parte de la Corte de La Haya, México entre ellos.


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