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Foto: Cuartoscuro

¿Reparación del daño?

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«Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se otorgó a los derechos de los individuos un reconocimiento jurídico internacional –fuera cual fuese su raza, religión, género, edad o cualquier otra característica– oponiéndose a leyes estatales injustas o costumbres opresivas.» Michael Ignatieff

Cuando se trata del estudio de la persona, contamos con una gama sumamente amplia de retórica, doctrina, instrumentos legales y criterios que han influido para la concepción de una línea de acción. Al momento de que se quebranta la finalidad de un derecho, se exige, además de la responsabilidad penal, una indemnización por los perjuicios ocasionados. Dentro del desarrollo del proceso, existe una figura conocida como “la reparación del daño”. Al profundizar sobre este tema en particular, surge un debate entre lo subsanable y lo que no lo es.

Objetivamente, la pérdida de un ser querido es irreparable; el plano emocional posterior a una violación, agresión, ‘bullying’ o acoso, inserta una huella imborrable dentro del personalidad. Entre otros ejemplos, se deduce que el modelo de resarcimiento para las múltiples afectaciones no puede medirse en términos cuantificables; sin embargo, sí hay una forma de aproximarse a una medida compensatoria.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, si bien es complicado abolir completamente el sufrimiento de las víctimas de un hecho lamentable, se deben observar estas condiciones al instante de una resolución jurisdiccional: 1) la extensión de los daños causados, 2) la rehabilitación, 3) la pérdida de oportunidades como el empleo, educación y prestaciones sociales, 4) el impacto material e inmaterial, 5) los gastos de asistencia jurídica o cualquier otra asesoría o consulta y 6) la ponderación de la responsabilidad de las partes involucradas.

Con estos ingredientes se pretende, como objetivo prioritario, crear un marco integral en la impartición de justicia en aras de resarcir a los agraviados. Un eje cardinal para los jueces y magistrados ante estas circunstancias. Sabemos que la mejor herramienta para erradicar la comisión de hechos delictivos es la prevención. Si existe corresponsabilidad entre sociedad y Gobierno, estoy seguro de que evitaremos estas instancias.


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