Una de las obligaciones de los servidores públicos es transparentar todas las actividades que realizan día con día en el ejercicio de su cargo, puesto que disponen de los recursos asignados por el Estado. Al denominarlos sujetos obligados, revisten una serie de responsabilidades respecto a su relación con los peticionarios al ser un derecho reconocido por las leyes secundarias y por la misma constitución.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) hizo un estudio muy interesante acerca de la implementación y los retos que atañen a la transparencia, al acceso a la información y la protección de datos personales. Uno de los subíndices que señalaba este estudio evaluaba el desempeño de las instituciones gubernamentales a la hora de contestar solicitudes; el promedio indicó que se calificó negativamente a todas aquellas que respondían con poca claridad y que lo hacían de forma inoportuna atendiendo a una temporalidad excesiva.
Otra estadística que se analizó, y que sin duda complementa lo anterior, fue la experiencia en el procedimiento y desahogo de las peticiones hechas por ciudadanos. La narrativa versó sobre un análisis puntual que refleja que la población en general no conoce el alcance de su legítima pretensión de obtener una contestación por parte de todo ente gubernamental; volviendo este asunto más complejo. Suponiendo que sí se logre materializar la interrogativa, se suman anomalías como la opacidad, el uso inadecuado de la prórroga, la calificación de improcedente sin la oportunidad de aclaración, la censura de algunas manifestaciones aduciendo protección de datos personales y el requerimiento de pago en el caso de que la respuesta sea muy amplia; en su defecto, te indican que vayas al lugar físico a hacer la consulta correspondiente. Esto no es accesible para las personas que tienen una dificultad de traslado.
En conclusión, la recomendación de la situación yace en la mejora del marco regulatorio en la materia. En cuanto a Querétaro, se deben fortalecer las acciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Infoqro), acordar con todas las autoridades que tienen bajo su mando estas tareas y trabajar en la formulación de iniciativas de índole legislativa. Así corregiremos las deficiencias.
