No cabe duda de que uno de los pilares elementales de cualquier soberanía es la educación. En complemento a lo previsto por el Artículo 3º de nuestra carta magna, considero que un Estado con opinión, aprendizaje y reflexión, motiva a la superación colectiva a través de principios aplicados. Al ser uno de los países con mayor inversión en este rubro, nace la discordancia del rezago educativo que prevalece en las comunidades afectadas por la marginación.

Las causas son múltiples: la falta de interés en ciertas localidades, el control del sindicalismo, la burocracia del aparato administrativo y, por supuesto, la ausencia de vocación del personal docente al abandonar las aulas por temas políticos. Entre otras cuestiones, la formación académica se ve limitada en su ejercicio; el objetivo: mejorarla. Al término de la semana pasada, el Congreso local puso sobre la mesa un asunto de notoria trascendencia.

La diputada Daniela Salgado, desde su actual posición, propuso una iniciativa de reforma que terminó por materializarse en la Ley General de Educación de esta entidad; explicando en los motivos correspondientes que no es suficiente el marco normativo que hoy premia la enseñanza en Querétaro; se deben adoptar disposiciones incluyentes en defensa de los derechos humanos de todos los sectores.

Por ejemplo, es una realidad que la sociedad desconoce del lenguaje de señas o braille, por lo que una inmersión lingüística de grupos vulnerables generará un efecto dominó destinado a inculcar la instrucción de técnicas especializadas para la transmisión de conceptos básicos; bajo esta sintonía, evitamos coartar un derecho fundamental como la educación por la escasez de maestros capacitados.

Como consecuencia de esta nueva legislación local, la autoridad competente en la materia deberá impulsar, promover y fortalecer estrategias para el adiestramiento de futuros expertos en la comunicación de ideas a través de estos métodos particulares.

Con este precedente, yace la posibilidad de que se replique en el resto de la república por medio de los gobiernos estatales o, en su defecto, adecuarlo en la ley federal; indicado su aplicación obligatoria y necesaria. Procurando en todo caso, abarcar todas las esferas de la población, tal y como mandata la axiología constitucional.