Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la vida de las democracias porque son herramientas para construir y actuar sobre la cosa pública y pueden generan condiciones que fortalecen o disminuyen el poder de la ciudadanía. Hoy, actúan como brazos ejecutores del poder político e ideológico.
Con la alternancia del año 2000, cuando Fox llega a la Presidencia, se inició un cambio en la relación entre los poderes políticos y los fácticos, propiciando la libertad de expresión sin mediar códigos de comportamiento. Se puede decir que la alternancia política le abrió la puerta a la libertad de expresión. A diferencia del siglo pasado, hoy los ciudadanos podemos ejercer nuestro derecho a disentir y participar, sin temor a ser perseguidos.
Vivimos en una sociedad mediática en la que la inmediatez es su característica central y ha modificado las dinámicas de participación social del mexicano. Ahora, nos enteramos de situaciones, aciertos y errores, de personajes del mundo político, económico, social, de ayer y de ahora.
La libertad de expresión en línea ha cuestionado sistemas democráticos, autoritarios y “dictaduras perfectas”, porque las manifestaciones en las redes sociales se aceptan por ser una expresión libre y personal en el intercambio de opiniones. En el siglo XXI, estos medios otorgan derechos, virtuales, pugnados durante muchos años por una ciudadanía dispuesta a mejorar su entorno social, en una especie de contraloría social que da cuenta de injusticias, corrupción, impunidad y una larga cadena de reclamos.
Ahora contamos con una ciudadanía más informada que está madurando a la hora de interpretar las noticias, provocada por la falta de contraste de la información recibida y la carencia de pensamiento crítico que propicia la tolerancia a hechos simulados. Ahora, son coadyuvantes en el proceso de politización de la ciudadanía que inciden en la opinión pública y, algunas veces, en la toma de decisiones. La información viaja de forma vertiginosa, por ello es cosa menor que, desde 2005, el Jefe del Ejecutivo no acuda al Congreso para presentar su Informe de labores y sea el Secretario de Gobernación el encargado de cumplir con la responsabilidad constitucional.
El pasado primero de septiembre, en el Congreso de la Unión, Osorio Chong resaltó los avances y logros “indiscutibles en todos los ámbitos del quehacer nacional”, como muestra del diálogo con todos los sectores de un #GobiernoCercanoyModerno. Se atrevió a enfatizar que “la magnitud de los retos y el difícil contexto internacional exigen redoblar esfuerzos para mover a México”.
A pesar de los múltiples cuestionamientos que inundan casi todos los canales comunicacionales, el representante del Gobierno de Peña Nieto ¿cómo puede hablar de un México en Paz, cuando no hay gobernabilidad democrática ni condiciones de seguridad pública ni respeto de los derechos humanos?; ¿referirse a un México Incluyente cuando 52% de mexicanos padecen pobreza, desigualdad y discriminación?; ¿plantear una Educación de Calidad cuando escuelas, maestros y contenidos educativos son bloqueados por la CNTE?; ¿asegurar un México Próspero cuando hay un endeudamiento de 40.3% y las instituciones internacionales crediticias califican a México de manera negativa?; hasta ¿atreverse a plantear un México con Responsabilidad Global, cuando invita a Los Pinos a un deleznable candidato que nos ha ofendido a los mexicanos?
Hay un claro divorcio entre un gobierno federal que gasta una millonada en comunicación, acostumbrado a hacerse escuchar a billetazos, y una ciudadanía activa que espera respuestas a sus demandas sociales, tan rápido como navegar por las redes sociales. Los errores se maximizan, no existe una tregua para corregir desaciertos, se perdió el timing de la información. El costo de la libertad de expresión es que refleja la carencia de eficiencia, eficacia y habilidad de Peña Nieto y su equipo para resolver problemas coyunturales.
Por: Patricia Espinosa Torres, Política, conferenciante y humanista comprometida con la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
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