De la demagogia a la democracia en la participación ciudadana del desarrollo urbano (Primera parte)
Por Dr. Ignacio Kunz Bolaños
Universidad Nacional Autónoma de México
[email protected]

El tema de la participación ciudadana se convirtió desde hace más de 3 décadas en un valor per se de las políticas públicas. La participación ciudadana se ha usado como un elemento legitimador de la acción de Estado a tal grado que llevó a una reforma constitucional y a la promulgación de la ley de Planeación en el año de 1983, que dedica su Capítulo Tercero a la Participación Social. Pero a casi 31 años de la implantación de estas ideas en la política pública mexicana, y poco después, en los códigos de valor de muchos de los “planificadores” y académicos de este país, cabe hacerse algunas preguntas ¿realmente tenemos una planeación democrática en nuestro México? ¿Cuál es el significado de la consulta pública que es el baluarte metodológico de la planeación democrática?

En este breve artículo se pretende argumentar que la planeación democrática no es un asunto tan simple, ya que desde el punto de vista técnico existen una serie de retos que están lejos de resolverse, y que los planificadores mexicanos están lejos de desarrollar una reflexión seria y profunda sobre el tema; mientras que, desde el punto de vista político la participación implica un nivel de compromiso que se antoja inconcebible en la práctica de la clase política de nuestro país, casi invariablemente orientada hacia el siguiente escalón de la carrera política.

Tanto en círculos oficiales como en muchos profesionales e incluso académicos se cree (o se quiere hacer creer) que la consulta pública es un componente suficiente para legitimar los planes y programas públicos, sin embargo, en esta reflexión se llega a la conclusión de que la “planeación democrática” y su componente metodológico, la consulta pública, no son mucho más que una farsa del ejercicio del poder en este país, pero aun existiendo un verdadero compromiso con la participación social, las soluciones democráticas resultan muy complejas.

El punto de partida de la reflexión es la definición del “interés colectivo” o “interés general”, todos estamos más o menos de acuerdo de que se trata del interés de todos, el problema es quiénes son los “todos”, para algunos problemas de política pública puede haber una amplia pero aparente coincidencia en lo que todos queremos, por ejemplo, todos queremos mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades, así la mejora en los estándares de vida es un tema de interés colectivo en el que hay aparentemente un fácil acuerdo; pero otros temas como la priorización de la inversión pública seguramente dará lugar a muchas y profundas diferencias, ¿quiénes deben definir esas prioridades? La respuesta debería ser, en una lógica democrática, todos, no pueden justificarse exclusiones, entonces el problema es ¿cómo lograr los consensos?

Así el primer problema es el de la inclusión que en realidad se traduce en un problema de construcción de consensos. ¿Cómo saber que todos los actores con intereses legítimos están representados?, es más, ¿cómo saber si quiera que todos están invitados y convenientemente convocados? Recuerdo casos de convocatorias para realizar consultas públicas, aquí en Querétaro, que publicaban en días periodos de fiestas navideñas para celebrarse el primer día laborable de enero. Claro que se trata de un caso en que intencionalmente se trató de excluir, de evitar una participación amplia, pero aún, con las mejores intenciones es posible que no se logre una inclusión plena, y menos cuando se utilizan mecanismos sofisticados de consulta que por definición excluyen a una buena parte de la población que no tiene acceso a esos medios.

Pero hay otro tipo de problemas, aún en los temas en los que, como dije antes, hay un aparente acuerdo, como elevar la calidad de vida de una sociedad o mejorar la educación, las estrategias que se requieren para lograrlo son tan complejas que implican una gran diversidad de acciones que no suponen una garantía de cumplimiento de los objetivos, por lo que surgen diferencias sobre los caminos a seguir. En esta ruptura de concepciones existen elementos ideológicos, de percepción, de cultura, de información, de perspectiva profesional y de interés individual, por citar solo algunos. Mientras había una plena coincidencia en el que aparecen grandes divergencias en los cómos, lo cual supone un primer desquebrajamiento de la idea de interés común. A este segundo problema podemos llamarlo de diversidad.

Los problemas de diversidad son muy comunes en el desarrollo urbano ya que en mucho temas no existe coincidencia ni siquiera de los ‘qués’, no existe ese elemento todos, sino que algunos piensan que debe hacerse A y otros que deben hacerse B y quizá algunos más optan por C. Por ejemplo, con los cambios de uso del suelo, donde por un lado una comunidad, quizá solo algunos vecinos, se opone al cambio de uso del suelo, mientras que otro grupo, como podrían ser desarrolladores inmobiliarios y otros vecinos, están a favor del cambio. ¿Quién debe decidir? Una respuesta simple, que en la actualidad fácilmente se adopta para simular una postura de avanzada (“el deber pensar” de los planificadores, urbanistas y políticos) sería los vecinos: son ellos quienes deben decidir! Pero al menos yo no estaría tan seguro de que la respuesta deba ser automáticamente así.

Otro ejemplo de discordancia por la diversidad de opiniones se da respecto a la naturaleza de la inversión en movilidad urbana, mientras unos ven con buenos ojos la inversión en infraestructura vial para el transporte privado, quizá un tercio de los ciudadanos, además de los inversionistas y los gobiernos municipales y estatales que suelen inclinarse por este tipo de obras; otros preferirán la inversión en transportación pública, quizá alrededor de dos tercios en las ciudades mexicanas, y aquí no hay muchos adherentes, aunque parezca increíble ni los mismos transportistas ven con buenos ojos la mejora del servicio. Entonces ¿Quién debe decidir?

Quizá algunos de nosotros nos inclinemos por una u otra solución en estos dos ejemplos, incluso quizá podemos pensar que ¿cómo es posible siquiera dudar? cuando las respuestas son obvias, según el pensamiento “urbanísticamente correcto”: los vecinos deben decidir en el primer caso, y la inversión en el transporte público es lo correcto en el segundo.

La próxima semana trataremos otros dos tipos de problema en la definición del interés ciudadanos y ofreceremos una conclusión sobre los obstáculos de la participación ciudadanas.

*Esta columna y su contenido son responsabilidad del autor.

Forópolis Capítulo Querétaro