Capacitan empresas para evitar el lavado de dinero

Redacción

Con el objetivo de proteger el patrimonio y la seguridad jurídica de las empresas e incorporar la implementación de mejores prácticas de cumplimiento contra el lavado de dinero, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llevó a cabo el foro “Impacto de la Reforma Fiscal 2022 en materia de Prevención de Lavado de Dinero”.

La presidenta del Comité de Inclusión de Mujeres y Jóvenes, Fátima Montiel Chávez destacó la importancia de conocer la ley en la materia, pues aseguró que aunque la responsabilidad penal a cargo de las personas jurídicas está vigente desde 2016, aún existen empresas que desconocen elementos clave acerca del control organizacional que debe prevalecer para evitar ser sujetos en procedimientos de esa naturaleza.

Sostuvo que desde una perspectiva de equidad e inclusión, Coparmex busca que la información llegue a todas las empresas para que estas cuenten con las herramientas necesarias que les permitan llevar su procedimientos en orden, hacerlas rentables, humanas; que puedan cumplir con sus responsabilidades, cuidar su patrimonio y el de sus colaboradores.

Por su parte, Marcela Mendoza, consejera Nacional de Coparmex, quien abordó el tema “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas” explicó los lineamientos a seguir -como el debido control organizacional de las empresas, lo que significa que cuenten con gobierno corporativo, bien estructurado, y con un área de cumplimiento- para evitar que éstas sean señaladas como responsables de un delito, cuyas sanciones van desde una multa, hasta la posible disolución de la corporación, esto de acuerdo con el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de Coparmex Ciudad de México, Octavio Martínez Cruz, en su intervención “Aspectos Corporativos de la nueva figura del beneficiario controlador en el Código Fiscal de la Federación”, detalló los mecanismos que servirán para evitar sanciones por parte de la autoridad como por ejemplo: contar con los libros corporativos.

Puntualizó que para las empresas que incumplan con las disposiciones en la materia, el Código Fiscal de la Federación contempla multas de entre 1.5 hasta 2 millones de pesos por cada expediente que no se tenga respecto de los beneficiarios controladores, mientras que si la información no está actualizada, la sanción puede ser desde 800 mil hasta 1 millón de pesos.

Los ponentes del foro coincidieron en la importancia de que las empresas implementen un enfoque basado en riesgos, con tal de identificar aquellos a los que se enfrentan las empresas en México, por el simple hecho de llevar a cabo su actividad económica.