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Demandan reglas flexibles para el nuevo ‘outsourcing’

En Querétaro operan 93 compañías bajo este esquema, la mayoría con domicilio fuera de la entidad, precisó la Secretaría del Trabajo estatal Juan Carlos Machorro La iniciativa de subcontratación laboral necesita una reglamentación sencilla, coincidieron el director general de la Asociación de Empresas de Capital Humano (Amech), Diego Eduardo Naveda Priego, y el analista económico … Leer más

En Querétaro operan 93 compañías bajo este esquema, la mayoría con domicilio fuera de la entidad, precisó la Secretaría del Trabajo estatal

Juan Carlos Machorro

La iniciativa de subcontratación laboral necesita una reglamentación sencilla, coincidieron el director general de la Asociación de Empresas de Capital Humano (Amech), Diego Eduardo Naveda Priego, y el analista económico Carlos López Jones.

México es el cuarto país donde más personas trabajan bajo contratos de ‘outsourcing’, pues hay un estimado de 4.7 millones de individuos en esta modalidad, según la Confederación Mundial de Empleadores (WEC, por sus siglas en inglés). En Querétaro operan 93 empresas de este sector, cuya mayoría tienen domicilio fuera de la entidad, precisó la Secretaría del Trabajo estatal.

“Los otros países líderes a nivel global en ‘outsourcing’ como México no tienen reglamentaciones tan complejas como la que se piensa establecer, por ello ya estamos en diálogo permanente con la bancada del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para modificar aquello que estimamos daña a los empleos”, enfatizó a AM de Querétaro Diego Eduardo Naveda, líder de la Amech.

Naveda Priego subrayó que el acuerdo de ‘outsourcing’ genera incertidumbre laboral y ejemplificó que el nuevo tratado de libre comercio (T-MEC) exige a México ser un país más competitivo y no cumplirlo provocará que las inversiones se vayan a otros mercados emergentes que no tengan regulaciones tan excesivas y fuera de la realidad, detalló.

CASI CINCO MILLONES SUBCONTRATADOS

EL Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que casi cinco millones de personas están subcontratadas, por lo que uno de cada tres empleos de este universo se vería trastocado con la actual iniciativa.

“Es tan importante el ‘outsourcing’ que, al mes, más de 180 mil personas consiguen trabajo bajo este esquema laboral, y no podemos afectar este ritmo de recuperación del trabajo que requiere el país”,  acotó el directivo de las empresas de capital humano, quien agregó que “el actual acuerdo puede limitar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMes), que contratan a personas que les brindan desde servicios técnicos a básicos como es la limpieza de oficinas, mensajería, etcétera”, explicó.

Además, comentó que grupos vulnerables como adultos mayores, madres solteras y jóvenes se verían afectados al trasladarse a la informalidad, pues recordó que la subcontratación es la primera opción para emplear a estos sectores.

También ejemplificó que son más de 40 grandes empresas de ‘outsourcing’ las que realizan la mayor contratación de personal en México que por este acuerdo tendrán que reducir sus plantillas y, por ende, no darán oportunidad de que los grupos sociales vulnerables tengan acceso a un empleo, agregó.

“En pocas palabras, esta iniciativa provocará más desempleo, en una país muy golpeado por la pandemia”,
declaró Naveda Priego.

El directivo empresarial espera que se puedan realizar adecuaciones a la propuesta y subsanar las fallas que se perciben en el mismo, como es el riesgo de que casi 2.5 millones de personas pierdan su trabajo, pues al no ser trabajadores especializados que brindan servicio específicos a una industria, se les despedirá, señaló.

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REDUCIR COMPLEJIDAD

En opinión del analista económico Carlos López Jones, la posible llegada de nuevas empresas con el T-MEC obliga a replantear la forma de contratar personal, pues dijo que en Estados Unidos se están creando leyes más flexibles para que las corporaciones se queden en dicha nación.

“La complejidad de las leyes que se pretenden establecer en México espantarán a los inversionistas, que están apreciando la sencillez de contratación que exigen en los Estados Unidos.

“Los grandes corporativos no quieren batallar con leyes complejas, buscan ecosistemas que les permitan ser autosuficientes y competitivos”, puntualizó.

Aún con el acuerdo tripartita en materia de subcontratación entre el Gobierno federal, empresarios y sindicatos, no se tocaron los temas de prestaciones sociales, añadió López Jones, quien dijo que la iniciativa inhibe la contratación de nuevos trabajadores y generará un mercado negro e informal del empleo.

POLITIZACIÓN

En su opinión, la situación se politizó y el ‘outsourcing’ ejercido erróneamente por algunas empresas colocó el tema en la mira de la Federación que considera a la subcontratación “el malo de la película”.

Mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hace casi tres años descubrió mil 854 empresas fachada relacionadas con el ‘outsourcing’ ilegal, las autoridades hacendarias estimaron que en 2018 este esquema permitió que se evadieran impuestos por 470 mil millones de pesos.

En México, nueve de cada 10 empresas dedicadas a la subcontratación son fraudulentas, señaló el investigador José Alfonso Bouzas Ortiz, del Instituto de Investigaciones Económicas (IEE) de la UNAM.

Por ello, dijo Carlos López Jones, se busca reglamentar este tema, pero sin analizar el impacto en la base social de empleados que corren grandes riesgos de irse a la informalidad, indicó el experto.

Compartió que una solución para el problema del acceso a prestaciones laborales vía el ‘outsourcing’ es establecer leyes y esquemas similares a los implementados en los Estados Unidos, donde, por ejemplo, toda la población laboral sufraga al sistema de salud y tiene acceso al mismo, lo cual, permite reducir los costos de contratación.

‘BUENOS OJOS’ AL ACUERDO

José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), declaró que el acuerdo establecido en el ‘outsourcing’ es benéfico por los diversos tópicos que se establecieron.

“Permite que las empresas ganen al tener posibilidad de seguir contratando a personal por esta vía —en servicios no internos especializados— sino de limpieza, mantenimiento, etcétera, así como algunos servicios de atención a productos informáticos u otros, mientras que en el personal especializado, se tendrán tres meses para su basificación”, explicó.

POSTURA DEL GOBIERNO

Esta casa editorial buscó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para obtener comentarios sobre el tema, sin embargo, la dependencia federal argumentó que no darán posicionamiento alguno hasta tener aprobación de la iniciativa y contar con permiso de Presidencia de la República para expresarse de forma pública.

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que las contrataciones a empresas de ‘outsourcing’ se irán terminando y se les retirarán los contratos, al manifestar que es un proceso de formalización del empleo.

(El nuevo) ‘outsourcing’ es un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y Gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades en beneficio de todos”.

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

EL ACUERDO ENTRE GOBIERNO, EMPRESARIOS Y SINDICATOS

  • Se prohíbe la subcontratación de personal para tareas que forman parte del objeto social de la empresa.
  • Está contemplada la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante.
  • Incluye el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados.
  • La responsabilidad solidaria de la empresa contratante está prevista en caso de incumplimiento de la subcontratista con el trabajador.
  • Hay un plazo otorgado de tres meses para que los patrones reales incorporen a su nómina a los trabajadores que tenían subcontratados.
  • Dos modalidades son creadas para el cálculo del reparto de utilidades que serán con un límite de tres meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

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