En la ilegalidad, 3 mil empresas de seguridad privada: Raúl Sapién

Al incumplir el pago de la seguridad social, el Estado carga con la salud de los trabajadores si sufren un accidente, subrayó el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada

Carlos Uriegas

Tres de cada cuatro empresas de seguridad privada no cumplen con otorgar beneficios laborales a sus trabajadores o incumplen con el pago de impuestos, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

“Calculamos que más de 76 por ciento de empresas no cumplen con llevar a cabo el pago correcto de impuestos y de sus prestaciones de carácter social. Creemos que pueden existir alrededor de 3 mil empresas de seguridad privada que trabajan en la ilegalidad y al margen de la ley”, destacó el experto en seguridad.

En este sentido, Raúl Sapién Santos, presidente del organismo, destacó la aprobación de la reforma de carácter constitucional que permite al Congreso de la Unión expedir una ley general en materia de seguridad privada.Puntualizó que es un ‘gran paso’ para lograr una legislación que dicte el marco regulatorio a las empresas de este ramo, pues, dijo, anteriormente el Poder Legislativo carecía de facultades para hacerlo. Indicó que se estima que en el territorio mexicano existen alrededor de 6 mil firmas de seguridad privadas, pero como no hay un censo, se desconoce con exactitud el número de firmas que operan en la clandestinidad, puntualizó.

“Al no estar a la vista, no son fiscalizables, no son auditables y tampoco son materia de que se les pueda censar cuántos elementos tienen trabajando y en qué servicios los tienen, a diferencia de las empresas que están bien reguladas que son identificables, son auditables y son sujetas de diversas visitas por parte de la autoridad”, señaló. Destacó que la existencia de firmas que no pagan el seguro social de sus trabajadores implica que cuando los elementos sufren un accidente de trabajo o son víctimas de la delincuencia, la carga de su salud pasa al Estado.

Sapién Santos comentó que una vez que se apruebe el proyecto de ley federal de seguridad privada, podrá existir un registro único de compañías para que se conozca cuáles firmas están autorizadas, qué elementos de seguridad están avalados y los insumos, equipos de comunicación y armas, así como un censo de las empresas a las que prestan servicios.