No deberían vivir con miedo a ser deportados

E. Tammy Kim

Cuando a Antonio LeBlanc, el desafortunado protagonista de la nueva película ‘Blue Bayou’, lo arrestan luego de una pelea con dos policías, confronta una terrible realidad: un agente teclea el nombre de LeBlanc en una computadora y descubre que no es ciudadano estadounidense, algo que él había dado por hecho durante más de 30 años. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ordena su deportación.

El personaje de LeBlanc, interpretado por Justin Chon (quien también escribió y dirigió la película) nació en Corea del Sur y fue adoptado por una pareja de Luisiana a los 3 años. Después, creció y fue víctima de abuso en varios hogares temporales. LeBlanc se casó con una ciudadana estadounidense, una asistente hospitalaria llamada Kathy, personificada por Alicia Vikander. Sus dos hijas también son estadounidenses. Nunca puso en duda su condición migratoria, después de todo, no era un inmigrante.

De entre las muchas crueldades de nuestro sistema migratorio, tenemos esta: a los adoptados transnacionales, cuyas historias comienzan con la ruptura de sus familias y países de origen, a menudo se les niega la ciudadanía estadounidense y corren el riesgo de ser deportados.

El riesgo de deportación para todos los no ciudadanos se vio incrementado por la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, que inyectó la lógica de mano dura contra el crimen de la época en la aplicación de la ley de inmigración. Incluso las infracciones civiles o los delitos menores pueden servir de fundamento para enviar a los inmigrantes a un país que nunca han conocido.

Para hacer ‘Blue Bayou’, Chon consultó a varios adoptados no ciudadanos, entre ellos Anissa Druesedow, quien fue deportada a Jamaica en 2006 y ahora vive en Panamá. En 2003, mientras trabajaba en el sector minorista, Druesedow permitió que un conocido suyo devolviera artículos robados sin recibos. Se declaró culpable y fue enviada a prisión por falsificación y robo. Allí, fue señalada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y se enteró de que no era ciudadana estadounidense. Sus padres adoptivos habían solicitado el ajuste de su estatus décadas antes, pero como el gobierno había tardado seis años en aprobar su green card, ella había cumplido 18 años y ya no era candidata a la ciudadanía.

En el 2000, el Congreso aprobó la Ley de Ciudadanía del Menor, que otorga la ciudadanía en automático a la mayoría de las categorías de adoptados transnacionales. La ley se conoce como la Ley Delahunt, en honor al representante William Delahunt de Massachusetts, padre adoptivo de una hija nacida en Vietnam.

El representante de Texas, Lamar Smith, fue uno de los promotores del proyecto y afirmó que “después de que se produce una adopción, el niño debería ser considerado ciudadano de manera automática”. Pero la ley solo era aplicable a los adoptados que tuvieran 18 años o menos el 27 de febrero de 2001, fecha en que entró en vigor. Este límite arbitrario ha dejado a 50 mil adoptados transnacionales sin estatus de ciudadanos estadounidenses.

La separación de familias es endémica en el sistema migratorio de Estados Unidos, pero no tiene que serlo. El gobierno de Biden debe trabajar para promulgar una reforma migratoria en beneficio de los ‘dreamers’, los trabajadores migrantes, las personas detenidas en las cárceles de inmigrantes y los refugiados que buscan ayuda en la frontera. La Ley de Ciudadanía del Adoptado es parte de ese esfuerzo.