Joe Biden enfrenta nuevas presiones por inmigración
En junio pasado, llegó a la frontera con México una cantidad nunca vista de migrantes y un juez federal cuestionó la validez legal de nuevo programa Michael Shear y Eileen Sullivan El viernes, se le presentó al presidente estadounidense, Joe Biden, una nueva presión relacionada con la inmigración cuando las autoridades afirmaron que, el mes … Leer más
En junio pasado, llegó a la frontera con México una cantidad nunca vista de migrantes y un juez federal cuestionó la validez legal de nuevo programa
Michael Shear y Eileen Sullivan
El viernes, se le presentó al presidente estadounidense, Joe Biden, una nueva presión relacionada con la inmigración cuando las autoridades afirmaron que, el mes pasado, llegó a la frontera con México una cantidad nunca vista de migrantes y un juez federal de Texas cuestionó la validez legal de un programa de la era de Barack Obama que protege de la deportación a los inmigrantes jóvenes.
Según los datos publicados el viernes por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el mes pasado, las autoridades fronterizas se encontraron con migrantes casi 6 mil veces al día, es decir, un total de 188 mil 829, la cantidad mensual más grande de la historia reciente. El aumento está ocurriendo durante los meses más cálidos del verano, cuando casi siempre disminuye la afluencia de gente que quiere ingresar a Estados Unidos.
En Texas, el juez Andrew S. Hanen del Tribunal de Distrito de Houston dictaminó que el programa denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (o DACA, por su sigla en inglés) era ilegal, lo que planteó nuevas interrogantes sobre el destino de casi 600 mil inmigrantes, a los que por lo general se les conoce como ‘dreamers’. Pero en una victoria parcial para Biden y los defensores de la inmigración, Hanen no llegó a ordenar la cancelación de ese programa y dijo que el Gobierno ya no podía aprobar nuevas solicitudes.
El fallo hace que sean más urgentes los esfuerzos de los demócratas para legalizar de manera definitiva a los beneficiarios del programa DACA como parte del proyecto de ley para la recuperación económica con un costo de 3.5 billones de dólares que se está debatiendo en el Congreso. Los activistas ya han estado presionando a Biden para garantizar que los ‘dreamers’ y otros inmigrantes tengan algún acceso a la ciudadanía en el proyecto de ley, pese a que este esfuerzo podría verse entorpecido por las complicadas normas de procedimientos del Senado.
Todos los acontecimientos del viernes destacaron las difíciles alternativas a las que se está enfrentando Biden en materia de inmigración, las cuales a menudo conllevan tensiones a nivel político, un problema que podría configurar su legado y ayudar a definir el equilibrio moral de su presidencia.
En las últimas semanas, los demócratas progresistas ejercieron más presión sobre Biden para que dejara de usar una norma de salud pública de la era de Donald Trump que suspende los derechos de asilo con el fin de proteger a los estadounidenses del coronavirus, a la cual califican como una restricción inhumana e innecesaria en tiempos de pandemia.
No obstante, los republicanos están preparados para aprovechar el momento en que haga eso y están impacientes por retratarlo como un presidente que abre las fronteras y que le presta muy poca atención a las consecuencias relacionadas con el crimen, la salud y la economía.
Hasta ahora, la norma de salud pública —que el año pasado impusieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades al usar lo que se conoce como la facultad del Título 42— le ha dado al gobierno de Biden más tiempo para prepararse a gestionar mayores cantidades de migrantes en el futuro.
Sin embargo, los activistas afirman que el aumento de migrantes en la frontera significa que cada mes, el gobierno está negando injustamente los derechos de asilo a decenas de miles de migrantes. De los más de 1,3 millones de veces que las autoridades fronterizas se encontraron con inmigrantes desde marzo de 2020, más de 973 mil veces los funcionarios han usado la norma de salud pública para negarles la posibilidad de solicitar asilo y solo han hecho excepciones en el caso de los niños y algunas familias.
Es posible que ponerle fin al uso de esa norma complazca a los detractores del propio partido de Biden, pero también podría contribuir a que las estaciones de la Patrulla Fronteriza vuelvan a estar abarrotadas y vuelvan a ser inseguras y a estimular temas de discusión conservadores antes de las elecciones intermedias de 2022.
De cualquier manera, existen desafíos.
Si el presidente incrementa durante periodos largos los centros de detención para retener a quienes cruzan de manera ilegal, se arriesga a que lo acusen de estar adoptando las políticas antiinmigrantes de su predecesor. Si permite que decenas de miles de migrantes esperen en Estados Unidos para tener sus audiencias en el tribunal, lo acusarán de aceptar una política de “atrapar y liberar” cuando aún está azotando una pandemia.
“Están en una posición difícil”, comentó el representante demócrata de un distrito fronterizo en Texas, Henry Cuellar. “Es muy fácil decir ciertas cosas cuando estás en campaña, pero la realidad se impone cuando ya estás en el cargo y ves lo que está sucediendo”.
Está pasando muy rápido el periodo de gracia para Biden mientras cada vez más personas están vacunadas y se reabren las actividades económicas en el país. Además, va en aumento la presión de los activistas en favor de la inmigración que se integraron a su campaña.
Hace unos meses, cuando el presidente eliminó de manera parcial la norma de salud pública para los niños migrantes que llegaban solos a la frontera suroeste, el gobierno estaba muy poco preparado. Sin refugios suficientes para albergar a los niños, estos permanecían días enteros en las celdas atestadas de la Patrulla Fronteriza y dormían sobre colchonetas con sábanas térmicas. La situación provocó críticas del interior del país y de todo el mundo.
La semana pasada, el senador republicano por Texas, Ted Cruz, presentó un proyecto de ley que impediría a la Casa Blanca eliminar la norma de salud pública. También otros republicanos han aprovechado la decisión sobre las restricciones del Título 42 para atacar al presidente.
“El gobierno de Biden no debería sacrificar la salud de los ciudadanos estadounidenses para proteger a los inmigrantes ilegales”, señaló el senador republicano por Arkansas, Tom Cotton. “Nuestro proyecto de ley simplemente defiende las políticas de inmigración exitosas que protegen a los estadounidenses del coronavirus y sus variantes”.
Por el momento, Biden está esperando a que los CDC determinen cuándo se puede eliminar esa política de manera segura. En una audiencia reciente del Congreso, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, señaló que se mantendrían las restricciones hasta que las autoridades de salud pública dijeran lo contrario.
Durante meses, los legisladores, los defensores de la inmigración, las instituciones sin fines de lucro, así como las autoridades fronterizas y de inmigración se han quedado sin tener noticias sobre un posible plazo para eliminar la norma de salud pública.
En junio, las autoridades fronterizas vieron un repunte en la cantidad de familias migrantes que llegaban a la frontera, pero, debido a las excepciones y a que México no estaba dispuesto a volver a recibir migrantes de ciertos países, solo el 14 por ciento fueron rechazadas según la norma de salud pública.
La cantidad de niños y adolescentes migrantes que llegan a la frontera aumentó un poco desde mayo, pero la afluencia ha disminuido desde principios de la primavera, cuando un fuerte incremento provocó la primera crisis de inmigración de la presidencia de Biden. En promedio, cerca de 500 niños y adolescentes migrantes llegaron solos a la frontera en junio, en comparación con los más o menos 600 que llegaban cada día en marzo.
El repunte del arribo de familias en junio sigue estando por debajo de la cifra récord establecida en mayo de 2019, cuando llegaron 84 mil familias.
Cuando los CDC den luz verde, el gobierno está planeando eliminar la norma de salud por etapas a partir de fines de julio y dejar entrar primero a las familias migrantes.
No obstante, la verdadera prueba para Biden vendrá cuando se suprima la norma, no solo para las familias, sino para los adultos solos que han estado llegando en grandes cantidades durante los últimos meses. Disminuyó un poco el número de veces que los adultos solos intentaron ingresar al país el mes pasado; de acuerdo con la norma de salud pública, fueron rechazados el 82 por ciento de las veces.
Según un funcionario que tiene información sobre este plan, en fechas recientes, las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas están comenzando a ser asignadas a la frontera con el propósito de ayudar con los trámites para que los migrantes ingresen al país. Traer más migrantes genera la necesidad de que haya más espacio para ellos mientras pasan por las etapas iniciales, un proceso que puede tardar dos o más horas por persona. Un mayor número de migrantes también implica que tendrá que haber más traductores, más pruebas de coronavirus y más espacio para el aislamiento médico, sobre todo debido a la propagación de una variante más peligrosa del virus.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas planea incluir a las familias migrantes que buscan asilo en programas de rastreo para no tener que detenerlas, lo que implica comprar más equipo, como monitores para el tobillo y teléfonos celulares con aplicaciones para que puedan reportarse con el gobierno mientras esperan a que su caso avance por el congestionado sistema de inmigración.
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