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Fernández encara segunda audiencia de juicio por corrupción

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Según la legislación, mientras no haya condena firme una persona procesada no está impedida para ejercer o aspirar a cargos públicos.

La ex presidenta argentina Cristina Fernández asistió el lunes a la segunda audiencia del juicio en el que está acusada de corrupción y que se celebra cuando está inmersa en la campaña para ser elegida vicepresidenta en los comicios generales de octubre.

La ex mandataria (2007-2015) y actual senadora opositora se situó junto a su abogado en la última fila de la sala del Tribunal Oral Federal 2, tal como hizo hace una semana al comienzo del proceso en el que es juzgada por presuntamente haber direccionado de forma discrecional obras públicas a un empresario allegado en la provincia sureña de Santa Cruz.

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Detrás de ella y tras una mampara de vidrio que separaba la sala en dos áreas, se sentaron varios artistas en apoyo a la senadora, según se observaba en la transmisión del juicio a través del Centro de Información Judicial. Ocuparon el mismo lugar en el que la semana pasada se situaron dirigentes de organizaciones humanitarias.

Otros ex presidentes argentinos han sido juzgados pero Fernández, de 66 años, es la primera que se somete a proceso al mismo tiempo que tiene posibilidades ciertas de volver a la casa de gobierno, según varias encuestas.

El juicio, el primero de una serie que enfrentará la ex mandataria, comenzó pocos días después de que la legisladora anunció que su exjefe de gabinete Alberto Fernández será precandidato presidencial y que ella lo acompañará como aspirante a la segunda magistratura.

En las filas ubicadas en la parte delantera de la sala se encontraban Lázaro Báez, el empresario sospechoso de haber sido beneficiado con las obras viales, y varios exfuncionarios de Fernández, entre ellos el exministro de Planificación Julio de Vido, hombre fuerte del gobierno de la exmandataria y de su antecesor y marido Néstor Kirchner (2003-2007).

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La exmandataria estuvo revisando papeles y leyendo mensajes en su teléfono móvil mientras varios empleados del tribunal se turnaban para leer la larga acusación en su contra y del resto de los 12 acusados, lo que llevará varias jornadas.

Fernández había solicitado no asistir a la audiencia, pero el tribunal señaló que eso era posible siempre que acreditara “la superposición de las funciones de la labor parlamentaria con la celebración de cada una de las audiencias de debate”. Las comparecencias de la exgobernante han estado rodeadas de fuertes medidas de seguridad y del apoyo de simpatizantes en las inmediaciones al edificio del tribunal.

De acuerdo con la ley argentina, los procesados deben estar presentes en las audiencias durante la lectura de la acusación, cuando declaran y cuando se da a conocer la sentencia. Se prevé que el juicio dure un año.

Los funcionarios del tribunal enumeraron varios de los proyectos de licitación y adjudicación de las más de 50 obras con las que supuestamente se benefició a empresas de Báez. Algunos eran para la repavimentación de carreteras o el trazado de rutas.

Según la acusación de la fiscalía, la “asociación ilícita” que presuntamente encabezó Fernández y también funcionó durante el gobierno de Kirchner sustrajo “fondos del Estado” y “valiéndose de la legitimidad de los cargos” que ocupaban sus integrantes puso en funcionamiento una “maquinaria eficaz para direccionar” esos fondos a Báez para la ejecución de las obras.

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Fernández no ha hecho declaraciones durante las audiencias. La senadora se considera una perseguida en todas las causas que, a su entender, son instruidas por jueces sujetos a las órdenes del conservador presidente Mauricio Macri con las que pretende desviar la atención sobre los problemas económicos.

La dirigente peronista ha afirmado en las redes sociales que jamás intervino como presidenta “en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras” y que los fondos para esos contratos fueron votados por el Congreso en el presupuesto.

Según la legislación, mientras no haya condena firme una persona procesada no está impedida para ejercer o aspirar a cargos públicos.

Poco antes de que comenzara la audiencia Macri, quien aspira a ser reelegido en octubre, inauguró una obra vial en Buenos Aires para la circulación del tráfico pesado. “Dijimos basta a las obras que empiezan y nunca terminan, a la mentira, a la trampa y a la corrupción”, afirmó el mandatario.

AP / OHH

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