En Venezuela, ordenan arresto de líder opositor Leopoldo López

Maduro acudió al amanecer al fuerte Tiuna, el mayor de Caracas, para participar en una caminata con el alto mando y varios miles de militares

El presidente venezolano Nicolás Maduro instó el jueves a las fuerzas armadas a mantenerse leales al tiempo que una corte de Caracas ordenó el arresto del dirigente Leopoldo López, dos días después de un fracasado alzamiento militar que encabezó junto al líder opositor Juan Guaidó.

Por su parte, organizaciones humanitarias informaron que ascendieron a cuatro los muertos durante las protestas desde la sublevación del martes.

“Ha llegado la hora de combatir”, dijo el mandatario en un discurso que difundió la televisora estatal. Maduro pidió a los uniformados demostrar que en Venezuela hay una fuerza armada “leal, cohesionada, unida como nunca antes, derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a los dólares de Washington” y exhortó que se detenga a los “golpistas” que participaron en la sublevación del 30 de abril.

Poco después, el Tribunal Supremo de Justicia difundió una decisión de una corte de Caracas que ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detener a López, quien está acusado de violar la medida que le prohibía hacer pronunciamientos políticos ante los medios y el arresto domiciliario que tenía desde hace dos años tras ser condenado a casi 14 años de cárcel por dirigir protestas callejeras en 2014. Luego de pasar más de tres años en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, el Tribunal Supremo ordenó a mediados de 2017 que cumpliera el resto de la condena en su casa.

López se encuentra junto a su familia en la residencia del embajador de España bajo la condición de “huésped”, indicaron las autoridades españolas.

Su esposa Lilian Tintori había informado horas antes que la vivienda de la pareja, ubicada en una exclusiva urbanización del este de Caracas, fue allanada por miembros del SEBIN.

Horas más tarde, el máximo tribunal anunció en un comunicado la apertura de un proceso contra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado opositor Edgar Zambrano, por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública.

En la decisión se señala que Zambrano, quien acompañó a Guaidó durante el alzamiento militar, habría incurrido en la “comisión flagrante de delitos comunes”. En la sentencia se ordena a la Fiscalía General que continúe la tramitación de la causa penal y se remite el caso a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente para que determine las acciones. El mes pasado la Constituyente retiró la inmunidad a Guaidó, quien es jefe del Congreso, y autorizó su enjuiciamiento por desacatar una orden del máximo tribunal que le prohibía salir del país.

El alzamiento del martes tuvo poca adhesión entre los integrantes de las fuerzas armadas pero fue la amenaza más seria hasta la fecha al cuestionado mandato de Maduro.

El académico Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo a The Associated Press que las declaraciones del mandatario evidencian un “nivel de preocupación” y la existencia de “dudas sobre la lealtad de los sectores militares” que con su apoyo le permitieron a Maduro superar las crisis que enfrentó en su primer sexenio.

Hay muchas dudas sobre hasta dónde (los militares) lo van acompañar y sobre lo que puede estar pasando”, indicó Alarcón y agregó que dentro de los cuarteles debe haber un debate sobre “si se mantiene una lealtad incondicional a Maduro o si se retorna a la neutralidad institucional que siempre debió haber privado en la fuerza armada”.

En los últimos años han surgido rumores sobre el descontento en los cuarteles debido a la crisis económica que golpea al país. El año pasado se reportó la detención de más de un centenar de oficiales, entre ellos algunos generales y tenientes coroneles, lo que alentó las versiones de malestar en las fuerzas armadas.

Luego de la crisis que se desató cuando Guaidó se declaró en enero presidente interino de Venezuela y denunció que Maduro estaba usurpando el cargo, resurgieron las versiones de malestar cuando más de 1.000 militares huyeron a Colombia. En ese momento el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y el resto del alto mando militar expresaron su pleno apoyo al gobernante, lo que disipó por un tiempo la incertidumbre.

En medio del tenso escenario, Guaidó realizó la noche de miércoles un nuevo llamado a las fuerzas armadas para que le retiren el respaldo a Maduro y dijo, en un mensaje en su cuenta de Twitter, que hay “varios” militares que están “del lado de la constitución”, pero no ofreció detalles.

Tras la fracasada sublevación, que según las autoridades fue encabezada por un pequeño grupo de miembros de la Guardia Nacional, policías y dirigentes opositores, se registraron manifestaciones antigubernamentales que culminaron en enfrentamientos entre opositores y las fuerzas de seguridad.

Las protestas de los últimos dos días han dejado cuatro muertos, 230 heridos y 205 detenciones, según registros de las organizaciones humanitarias Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y Foro Penal.
Caracas amaneció el jueves en calma y los comercios, empresas y escuelas retornaron a sus actividades.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que se mantendrá el horario laboral y educativo restringido hasta las 14 horas en atención al plan de racionamiento que impuso el mes pasado el gobierno tras un apagón nacional que generó fallas en el sistema eléctrico.

A pesar de contar con unas de las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela está sumida en una profunda crisis económica que se ha extendido por cinco años, una severa escasez de bienes básicos y una hiperinflación que el Fondo Monetario Internacional estima que podría alcanzar este año 10.000.000%.

Las dificultades económicas han desatado una crisis social y la migración de más del 10% de la población, unos tres millones de personas.

Con información de AP / YRA