Jueza frenó pase de la Guardia Nacional a la Sedena

Una juez federal en el estado de Guanajuato revivió la suspensión que frenó la entrada en vigor del decreto que ordena la militarización de la Guardia Nacional (GN), publicado el pasado 9 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Karla María Macías Lovera, jueza Noveno de Distrito con residencia en Guanajuato, otorgó una suspensión definitiva a Ángel Castro Gómez, representante de la organización Uniendo Caminos México, de quien dijo sí tiene interés legítimo para impugnar el decreto, porque se trata de un defensor de derechos humanos.

En su solicitud de amparo, el quejoso argumentó que la incorporación de la Guardia Nacional como otro brazo armado de la Sedena puede tener un efecto inhibidor de las libertades, como la libre expresión, manifestación de ideas y de reunión.

“Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución”, explicó la jueza.

Los efectos de la suspensión definitiva son para que no se transfiera el control operativo y administrativo de la corporación federal a la Sedena, y los mismos permanezcan a cargo de un mando civil en la SSPC, como lo establece la Constitución.

La resolución establece que se debe suspender de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales, y en caso de que dichas operaciones ya hayan comenzado se deberán restituir los montos a la SSPC, como lo establece el Presupuesto de Egresos del presente año.