Legislaciones mexicanas impactan en combate climático

Aunque no sea evidente, la promulgación de leyes y normas relacionadas con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) tiene un impacto a corto plazo y protege a personas que están por nacer, razón por la cual es importante que científicos de diversas áreas del conocimiento trabajen más en conjunto con abogados y hacedores de políticas públicas sobre el cambio climático, consideró la investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, María Amparo Martínez Arroyo.

La extitular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) ofreció la charla ‘Importancia de las estructuras normativas e institucionales para enfrentar el cambio climático’, en la que explicó que un estudio publicado en 2020 por la revista ‘Nature Climate Change’ (‘Reduction in greenhouse gas emissions from national climate legislation’), puso de relieve la relación significativa entre el número de leyes que cada nación ha promulgado sobre cambio climático y la reducción de gases de efecto invernadero.

Cada que un país implementa una norma adicional, después de tres años de haber sido promulgada se reduce 1.79 por ciento la intensidad energética; además, se calcula que durante el periodo 1999-2016 la legislación sobre clima evitó la emisión de 38 Gt (gigatoneladas) de CO2 (dióxido de carbono), detalló la investigadora.

En 2017, precisó la experta, más de 70 por ciento de las emisiones mundiales de gases invernadero estaban reguladas por una legislación climática vinculante a nivel nacional, o por estrategias climáticas ejecutivas con un organismo de coordinación claramente designado.

La investigadora recordó que, en 2020, el Banco Mundial publicó una guía sobre los elementos de legislación marco para cambio climático; los puntos que llaman su atención y en los que se debe tener cuidado son las metas a largo plazo, algo difícil de realizar pues es un tema donde ni los países ni las personas verán los frutos de las acciones tomadas hoy.

En ese documento, enfatizó, se reconocen varias de las acciones emprendidas por México para legislar en torno al tema, por lo que se insta a los países que aún están por diseñar sus propias políticas a contar con instituciones eficaces que garanticen que los objetivos y las políticas se elaboren y se cumplan.

“Hacer este tipo de legislaciones está proporcionando una voz no solo para las generaciones presentes, sino para las generaciones futuras porque uno de los grandes problemas en la legislación es que estamos protegiendo los derechos de gente que no ha nacido y eso, en términos legales, ha causado toda una revolución en el sistema legal”, destacó.

En el caso de nuestro país, Martínez Arroyo recordó que la Ley General de Cambio Climático dota al Estado mexicano de un marco institucional compuesto por instrumentos de planeación, financiamiento, evaluación, inspección y vigilancia bajo un enfoque transversal y de cooperación entre los tres órdenes de gobierno.
En nuestro país, detalló, el tema se impulsa en los tres órdenes, la reducción de otros contaminantes, además del CO2 y los gases de efecto invernadero; esto tiene un fuerte componente en términos de salud pública y ambiental.

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