Rechaza Corte crear padrón de datos biométricos

AP

La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el lunes una propuesta de 2021 que habría requerido que las compañías de telefonía celular recolectaran datos biométricos de sus clientes, como huellas dactilares y reconocimiento de iris.

El máximo tribunal dictaminó que era demasiado invasiva de la libertad personal, en comparación con cualquier efecto positivo que pudiera haber tenido. La corte también señaló que había otras medidas que podrían tomarse para reducir los delitos cometidos con celulares.

En México, los celulares se usan a menudo en secuestros y extorsiones, en ocasiones por parte de reclusos que llaman desde el interior de cárceles. Sin embargo, este tipo de llamadas por lo general se hacen desde teléfonos robados, de prepago o desechables a los que el padrón de celulares no habría afectado mucho.

El partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó el año pasado efectuar una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el padrón de celulares, el más reciente de una serie de intentos fallidos por reducir los crímenes que se cometen con teléfonos.

Grupos de activistas aseguraron que la medida pondría en riesgo los datos personales de los consumidores y no tendría gran impacto en el combate al crimen. El gobierno mexicano ha intentado previamente llevar un registro de celulares, sin que realmente haya sido de utilidad, y ni siquiera ha podido bloquear las llamadas que salen de las prisiones.

López Obrador dijo en su momento que era sólo un registro para cuidar a la población, y enfatizó que su gobierno nunca espiaría a nadie.

A los críticos les preocupaba más la venta o filtración de información, diciendo que de hecho podría ayudar a los ladrones, extorsionadores y secuestradores. Recalcaron que un gobierno anterior intentó establecer un registro similar entre 2008 y 2011, el cual fue dejado de lado después de que se filtraron datos de los usuarios.

A muchos también les preocupaba que un registro gubernamental que incluyera hasta 120 millones de líneas de teléfonos celulares fuera vulnerable a ciberataques.