Arrancan con promoción de la Consulta Popular

Hoy se inicia la difusión entre los mexicanos de la pregunta que busca determinar si existe un clamor social para enjuiciar a expresidentes

Miguel Tierrafría

Hoy inicia oficialmente la difusión de la Consulta Popular promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con los lineamientos planeados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), desde este 15 de julio se difundirá entre la población la pregunta que se someterá a consideración: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

El electorado, con credencial vigente, podrá votar por las opciones SI o NO. La Consulta Popular se efectuará el domingo 1 de agosto y se estima la colocación de 57 mil 124 casillas: 23 mil 977 básicas y 33 mil 147 contiguas. Para el caso de Querétaro se plantea la instalación de mil 56 casillas para que los queretanos acudan a emitir su votación.

El camino de la Consulta Popular

Desde el inicio del mandato del presidente López Obrador se planteó la posibilidad de generar una consulta para enjuiciar a los expresidentes. En este sentido, en septiembre de 2020, a través del Senado, se promovió la pregunta: “·¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

No obstante, al ser turnada por ley a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta en primera instancia validó la constitucionalidad de la Consulta pero modificó el sentido de la pregunta, ya que entre los argumentos que presentó el ministro Luis María Aguilar, estaba que se invalidaba la presunción de inocencia y que a los ciudadanos no le correspondía decidir sobre si se debe investigar o no los delitos cometidos por servidores públicos, además de que la justicia no se sometía a consulta.

Sin embargo, en el pleno de la SCJN se decidió modificar el sentido de la pregunta para evitar la vulneración de los derechos de los implicados.

Finalmente, el 1 de octubre, con seis votos a favor y cinco en contra, la SCJN aprobó la constitucionalidad de la Consulta.

Posteriormente, en el proceso legislativo, el Congreso expidió mediante un decreto la convocatoria a la consulta ciudadana y notificó al INE para su organización.

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