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Testigo implica al Ejército mexicano en el caso Ayotzinapa

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En esta foto de archivo del 22 de octubre de 2014, una multitud en la Ciudad de México protesta por la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero. (AP)

El testimonio de un testigo cooperante implica directamente al Ejército en la desaparición de 43 estudiantes normalistas en 2014, según un reporte publicado el miércoles.

AP

El periódico Reforma indicó que el testigo, presumiblemente un pandillero identificado sólo como “Juan”, afirma que soldados detuvieron e interrogaron a algunos de los estudiantes antes de entregarlos a una banda de narcotraficantes.

Posteriormente los cadáveres de los alumnos fueron incinerados en un crematorio local o disueltos en ácido o soluciones cáusticas y vertidos a drenajes, agregó el testigo. Otros cuerpos fueron descuartizados y desperdigados cerca de la ciudad de Taxco.

La revelación podría ser otro motivo de vergüenza para el Ejército, que recientemente enfrentó acusaciones de que el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos estaba en la nómina de un cártel de narcotraficantes. Y también podría implicar que la mayor parte de los restos de los estudiantes pudieran no ser hallados jamás.

La Secretaría de Gobernación confirmó que el testimonio formaba parte del archivo del caso e indicó que presentaría cargos contra quienquiera que lo haya filtrado. La dependencia no comentó acerca de la precisión de la versión que el periódico presentó sobre el testimonio.

Pero una persona al tanto de la pesquisa señaló que el testimonio era nuevo, de 2020, y que forma parte del expediente del caso.

El testigo dijo que un capitán del Ejército, que actualmente enfrenta cargos de crimen organizado en el caso, detuvo a algunos estudiantes en una base castrense local y los interrogó, para después entregarlos al cártel Guerreros Unidos.

La policía detuvo a otro grupo de estudiantes, y miembros del cártel capturaron a otros. En total, el testigo dijo que entre 70 y 80 personas fueron detenidas, entregadas al grupo delictivo y asesinadas, porque los de Guerreros Unidos creían que entre ellas había delincuentes de una organización rival.

La acusación forma parte de una serie de testimonios contradictorios sobre lo ocurrido a los estudiantes de la escuela normal rural de la localidad de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero, quienes estaban secuestrando autobuses cuando fueron rodeados por la policía y entregados al cártel.

Después de más de seis años de investigaciones, las autoridades mexicanas han hallado docenas de fosas clandestinas y 184 cadáveres, pero ninguno de ellos perteneciente a los estudiantes desaparecidos.

Según las primeras pesquisas de los eventos de septiembre de 2014, la policía de la ciudad de Iguala entregó los estudiantes a miembros del cártel, que presuntamente los mataron y quemaron. Sin embargo, sólo se ha logrado identificar a dos alumnos a partir de fragmentos de hueso quemados.

El testigo “Juan” presuntamente les dijo a los investigadores que los fragmentos de hueso hallados en los alrededores de un vertedero de basura cerca de Iguala fueron plantados por el cártel para quitarse de encima la investigación.

Los fiscales llegaron a afirmar que los estudiantes habían sido quemados en una enorme pira en el vertedero de basura, una versión que expertos forenses independientes indicaron posteriormente que no era factible.

“Juan” dijo que, en realidad, algunos de los cuerpos de los estudiantes fueron disueltos en soluciones cáusticas y arrojados a drenajes, mientras que otros fueron descuartizados e incinerados en una funeraria local.

Un empleado de dicha casa funeraria en Iguala, conocida como “El Ángel”, confirmó que sí cuenta con un crematorio. Habría sido una medida audaz que implicaría el control casi total de la ciudad por parte del cártel, porque en la funeraria también opera el médico forense local.

En el caso ha habido gran cantidad de testimonios contradictorios, incluyendo algunos presuntamente extraídos bajo tortura por investigadores de un gobierno previo.

El periódico Reforma indicó que el testigo, presumiblemente un pandillero identificado sólo como “Juan”, afirma que soldados detuvieron e interrogaron a algunos de los estudiantes antes de entregarlos a una banda de narcotraficantes.

Posteriormente los cadáveres de los alumnos fueron incinerados en un crematorio local o disueltos en ácido o soluciones cáusticas y vertidos a drenajes, agregó el testigo. Otros cuerpos fueron descuartizados y desperdigados cerca de la ciudad de Taxco.

La revelación podría ser otro motivo de vergüenza para el Ejército, que recientemente enfrentó acusaciones de que el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos estaba en la nómina de un cártel de narcotraficantes. Y también podría implicar que la mayor parte de los restos de los estudiantes pudieran no ser hallados jamás.

La Secretaría de Gobernación confirmó que el testimonio formaba parte del archivo del caso e indicó que presentaría cargos contra quienquiera que lo haya filtrado. La dependencia no comentó acerca de la precisión de la versión que el periódico presentó sobre el testimonio.

Pero una persona al tanto de la pesquisa señaló que el testimonio era nuevo, de 2020, y que forma parte del expediente del caso.

El testigo dijo que un capitán del Ejército, que actualmente enfrenta cargos de crimen organizado en el caso, detuvo a algunos estudiantes en una base castrense local y los interrogó, para después entregarlos al cártel Guerreros Unidos.

La policía detuvo a otro grupo de estudiantes, y miembros del cártel capturaron a otros. En total, el testigo dijo que entre 70 y 80 personas fueron detenidas, entregadas al grupo delictivo y asesinadas, porque los de Guerreros Unidos creían que entre ellas había delincuentes de una organización rival.

La acusación forma parte de una serie de testimonios contradictorios sobre lo ocurrido a los estudiantes de la escuela normal rural de la localidad de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero, quienes estaban secuestrando autobuses cuando fueron rodeados por la policía y entregados al cártel.

Después de más de seis años de investigaciones, las autoridades mexicanas han hallado docenas de fosas clandestinas y 184 cadáveres, pero ninguno de ellos perteneciente a los estudiantes desaparecidos.

Según las primeras pesquisas de los eventos de septiembre de 2014, la policía de la ciudad de Iguala entregó los estudiantes a miembros del cártel, que presuntamente los mataron y quemaron. Sin embargo, sólo se ha logrado identificar a dos alumnos a partir de fragmentos de hueso quemados.

El testigo “Juan” presuntamente les dijo a los investigadores que los fragmentos de hueso hallados en los alrededores de un vertedero de basura cerca de Iguala fueron plantados por el cártel para quitarse de encima la investigación.

Los fiscales llegaron a afirmar que los estudiantes habían sido quemados en una enorme pira en el vertedero de basura, una versión que expertos forenses independientes indicaron posteriormente que no era factible.

“Juan” dijo que, en realidad, algunos de los cuerpos de los estudiantes fueron disueltos en soluciones cáusticas y arrojados a drenajes, mientras que otros fueron descuartizados e incinerados en una funeraria local.

Un empleado de dicha casa funeraria en Iguala, conocida como “El Ángel”, confirmó que sí cuenta con un crematorio. Habría sido una medida audaz que implicaría el control casi total de la ciudad por parte del cártel, porque en la funeraria también opera el médico forense local.

En el caso ha habido gran cantidad de testimonios contradictorios, incluyendo algunos presuntamente extraídos bajo tortura por investigadores de un gobierno previo.

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