Desplazamiento forzado, un recurso de sobrevivencia y resistencia

En abril de 2019, la existencia del desplazamiento forzado fue reconocida por el Estado mexicano y en septiembre de 2020 se aprobó el proyecto de ley para prevenir

Redacción

El desplazamiento forzado es un recurso de sobrevivencia y resistencia de las poblaciones civiles frente a regímenes de violencia interna o de aquella que se libra en las fronteras entre países, pero es también una acción y una reacción a situaciones extremas, evidenciando la imposibilidad de garantizar la vida por parte de las instancias jurídicas o gubernamental; de los actores y poderes involucrados, o de los mismos pobladores, señaló la investigadora Margarita Zárate Vidal.

La profesora del Departamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en Ciudad de México (CDMX), dijo que tal fenómeno es además una decisión política, porque en el escenario territorial de un conflicto y ante figuras hegemónicas amenazantes o en disputa representa huida, escape o evasión ante dichas fuerzas.

En consecuencia constituye un último recurso de protección, que después de decidirlo, se implementa de inmediato y se realiza en forma individual, familiar, colectiva o masiva, ya sea temporal o definitivamente, aunque “en cualquier caso, bien vale analizarlo como estrategia forzada de sobrevivencia”.

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Detalló que en abril de 2019, la existencia del desplazamiento forzado fue reconocida por el Estado mexicano y en septiembre de 2020 se aprobó el proyecto de ley para prevenir, atender y reparar integralmente esa problemática, anunciándose la creación del registro de personas en esa situación en México, donde al menos 338 mil 400 hombres y mujeres han sido desplazados entre 2006 y 2019, llegando a 346 mil, aunque la cifra sería mayor debido al subregistro no oficial.

Episodios de éxodo por conflicto son reportados en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, entre otros estados, lo que afecta en gran medida a niñas y niños, adultos mayores y población indígena, en especial en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Alrededor de 45 por ciento de víctimas pertenece a comunidades autóctonas y sólo en 2019 más de ocho mil mexicanos lo han padecido.

Por su parte, Natalia de Marinis, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), refirió que el desplazamiento forzado “nos permiten evitar el peligro de la estandarización, porque casi siempre los marcos legales o en los debates sobre el tema se habla de un desalojado homogéneo, y en realidad el fenómeno se vive de manera muy distinta según etnicidad y género”.

La movilidad que se realiza no es sólo física, porque se mueven y se ordenan sentidos de la vida, incluidos la experiencia traumática con la que cargan los desplazados que generan transformaciones, y en las legislaciones sobre el tema no se marcan las diferencias sobre la importancia que tiene para un grupo el territorio, respecto de una persona urbana que se tiene que ir, pero su casa no es ocupada.