Consulta contra expresidentes vulnera derechos humanos: Luis María Aguilar
El integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que ésta vulnera los derechos humanos y la procuración de justicia Miguel Tierrafría Para el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, la consulta solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es inconstitucional. En su … Leer más
El integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que ésta vulnera los derechos humanos y la procuración de justicia
Miguel Tierrafría
Para el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, la consulta solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es inconstitucional.
En su ponencia destacó tres preceptos que vulneran a la Constitución y a los derechos humanos. En primera instancia, señaló que la pregunta acerca de si se está de acuerdo en enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, vulnera los derechos humanos, pues, dijo, la consulta no puede ser usada para la restricción de los mismos, ni para que se someta a una porción de la población a opinar si las autoridades deben cumplir con las obligaciones de proteger los mismos. Otro apartado en el que defiende la inconstitucionalidad, se refiere a que la consulta popular ignora las obligaciones del Estado mexicano a garantizar la justicia.
En este sentido, el ministro afirmó que “las autoridades del Estado mexicano se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona”, por lo cual, indicó, es inviable la consulta. La presunción de inocencia de las personas es otro de los rubros en que el ministro sustentó su argumentación jurídica, afirmando que la consulta atenta contra el derecho al debido proceso penal, en este caso de los expresidentes.
Por último, indica que la consulta generaría restricción en la procuración de justicia, pues, según lo establece la Constitución, los ministerios públicos están facultados para investigar y perseguir delitos y si, en caso de darse una respuesta negativa de los ciudadanos a enjuiciar a los expresidentes, se comprometería el funcionamiento de las instituciones que procuran justicia.
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