68 propuestas del empresariado para enfrentar la crisis por COVID-19

El CCE dio a conocer propuestas del empresariado para realizar acciones a corto, mediano y largo plazo para reactivar la economía de México

Alhelí Lara

Ante los efectos de la COVID-19, el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), lanzó 68 propuestas del empresariado para minimizar el impacto económico en las familias y poder avanzar en la reactivación del país.

Las acciones emanadas de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, donde participaron 263 panelistas, se enlistan a corto, mediano y largo plazo y van enfocadas a solventar la crisis; reabrir la economía; detonar el crecimiento incluyente y el desarrollo social.

Los puntos inmediatos que sugiere el organismo que representa Carlos Salazar Lomelín, van encaminados a los servicios de salud de calidad y con los insumos necesarios para responder a la pandemia, por ejemplo:

1. Facilitar el acceso a infraestructura e insumos de salud para la atención de la emergencia, asegurando la disponibilidad en los sistemas público y privado, y acondicionando espacios adicionales para aumentar capacidad.
2. Aumentar la disponibilidad y aplicación de pruebas para identificar oportunamente la magnitud del problema y detonar acciones de mitigación apropiadas.
3. Promover mayor eficiencia en la Comisión de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS y de INDRE para agilizar la autorización de insumos de salud necesarios durante la crisis, tanto para la producción local como para la importación.
4. Lograr una adecuada coordinación en la estrategia de respuesta a la crisis entre los tres órdenes de gobiernos y el sistema de salud público, compartiendo información e indicadores que permitan su adecuada transparencia. Dar un seguimiento adecuado a las estadísticas de enfermos por tipo de atención.
5. Garantizar el bienestar del personal médico, incluyendo la provisión de todos los insumos para evitar contagios y garantizar su integridad física.
6. Adicionar más recursos a los programas existentes de protección a poblaciones vulnerables (niños, adultos mayores, personas con discapacidad y personas en estado de pobreza), para garantizar seguridad física, servicios de salud, alimentación entre otros.
7. Incrementar el cuidado de las familias vulnerables a través de mecanismos de transferencia directa que atiendan las necesidades básicas de la población durante un periodo corto y definido de tiempo, incluyendo trabajadores desempleados o empleados en el sector informal.
8. Cubrir las necesidades básicas de alimentación para la población más vulnerable, a través de programas, incluyendo potencial para donaciones y programas de apoyo alimentario. Fortalecer el programa de Maíz para México, extenderlo al resto de granos forrajeros y apresurar la firma y ejecución del Acuerdo Nacional de Solidaridad Agroalimentaria.
9. Fortalecimiento de los mecanismos de protección para las mujeres, que garanticen su seguridad física e inclusión expresa en los esquemas de apoyo social y reactivación económica.
10. Continuar promoviendo que las empresas apoyen a sus proveedores incluyendo medidas como acceso a financiamientos, flexibilización de las condiciones de pago para evitar caer en mora, apoyo a arrendatarios y transferencias de conocimientos y capacitaciones para alcanzar mayor eficiencia operativa. Considerando de manera especial a las MiPyMEs de actividades no esenciales que tienen que estar cerradas.
11. Instalar un Consejo de Emergencia Económica, inspirado por el actual Consejo de Salubridad General, conformado por miembros del gobierno, sector privado, academia y sector social para promover y coordinar la implementación del presente acuerdo, así como para proponer la toma decisiones expedita basadas en el análisis de las condiciones coyunturales.
12. Fortalecer el tripartismo y diseñar una política incluyente de preservación del empleo implementando programas de flexibilización de las jornadas laborales u horarios escalonados de trabajo. Es urgente establecer, a través del diálogo social entre el gobierno y las organizaciones de trabajadores y empleadores, un plan estratégico para atender a los trabajadores afectados por la suspensión de actividades.
13. Proteger sectores económicos más vulnerables (como turismo, hospitalidad, restaurantes y aviación) con programas diseñados específicamente para atender sus necesidades, particularmente de liquidez y de falta de demanda, incluyendo programas de promoción del turismo local e incentivos fiscales y económicos específicos; con especial énfasis en las MiPyMEs de actividades no esenciales que tienen que estar cerradas.
14. Evitar disrupciones a lo largo de las cadenas de valor a través de esquemas de coordinación, abastecimiento y financiamiento para MiPyMEs, logrando que empresas en sectores esenciales cuenten con los insumos y servicios necesarios para su operación.
15. Establecer un fondo especial para emitir factoraje a las MiPyMEs que tengan cuentas por cobrar del gobierno, con la participación de inversionistas privados.
16. Acelerar la devolución de IVA a favor para aumentar los flujos de empresas, y agilizar el pago a proveedores del gobierno. Adicionalmente, implementar esquemas alternativos como la compensación universal o la creación de intermediarios y vehículos financieros que puedan adquirir los derechos sobre impuestos, beneficiando a trabajadores e inversionistas.
17. Promover el funcionamiento eficiente de toda la cadena de valor agropecuaria para evitar problemas de abastecimiento de alimentos, fomentando el cumplimiento de normas sanitarias a través de lineamientos transparentes y publicados de manera eficiente y oportuna por la COFEPRIS y SENASICA. Fortalecer urgentemente la seguridad en la movilización de personas y bienes para seguir cumpliendo con los compromisos de abasto en el mercado local y de exportación.
18. Postergar obligaciones y modificaciones legales y normativas que incrementen los costos para las empresas.
19. Implementar medidas de transparencia y rendición de cuentas para garantizar el buen uso de los recursos otorgados para la atención de la emergencia.
20. Fortalecer las instituciones de seguridad para evitar disrupciones por el crimen en la distribución y abastecimiento de productos en las cadenas de valor.
21. Diferir las obligaciones fiscales de corto plazo por un periodo concreto, para incrementar la liquidez de las empresas. Por ejemplo, a través de postergar el cobro de cuotas obrero-patronales, diferir el pago de ISR e IVA particularmente en sectores vulnerables, e incrementar límite de deducibilidad para consumo de sectores altamente afectados (e.g. hospitalidad y turismo). Retomar la deducción del 100% sobre prestaciones sociales.
22. Fortalecer la industria nacional buscando el desarrollo y la competitividad de las MiPyMEs por medio de programas de financiamiento para capital de trabajo.
23. Desarrollar programas que promuevan la digitalización de MiPyMEs en el corto plazo, para facilitarles el acceso a plataformas de comercio electrónico.
24. Incrementar la deuda en un rango de 0.5% hasta el 5% del PIB para sufragar gasto en salud, mantener e incrementar los programas sociales y sentar bases para la reactivación económica. Esto reducirá en el futuro la proporción de la deuda al PIB.
25. Aprovechar líneas de crédito disponibles ante organismos multilaterales para inyectar liquidez en la economía en el corto plazo.
26. Buscar alineación entre política monetaria y fiscal para estimular la economía de manera coordinada.
27. Reorientar el gasto público hacia necesidades inmediatas derivadas de la crisis de salud y económica, mitigando los efectos de la misma.
28. Aumentar el número de pruebas realizadas en casa, lugares de trabajo y espacios públicos, bajo estrictos protocolos, para identificar fuentes de contagio.
29. Instalar sistemas de seguimiento a contagios que permitan identificar focos de contagio y acelere la reapertura controlada de la economía, aprovechando plataformas tecnológicas que faciliten el monitoreo e información.
30. Establecer protocolos sectoriales que protejan la salud de los trabajadores y minimicen los contagios.
31. Definir mecanismos y tiempos de reapertura a la brevedad, designando sectores y/o regiones que tendrán prioridad para retomar sus operaciones, y tomando en cuenta las cadenas de valor de las que son parte para evitar disrupciones.
32. Homologar la definición de sectores esenciales con Estados Unidos y Canadá para evitar el rompimiento de las cadenas de valor en América del Norte.
33. Diseñar protocolos entre el sector público y privado donde se prevean lineamientos para la reactivación de cada uno y se consideren medidas prácticas para limitar el potencial de contagio.
34. Garantizar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para alcanzar una implementación eficiente de las medidas de reapertura.
35. Otorgar apoyos para el reinicio expedito de operaciones de empresas en sectores primordiales, otorgando financiamiento para proveer de capital de trabajo al reiniciar las operaciones.
36. Desarrollar programas de promoción en sectores particularmente expuestos a la crisis (como turismo, hospitalidad y aviación) para agilizar los tiempos de reactivación económica.
37. Simplificar, armonizar y agilizar permisos y trámites burocráticos a los que se enfrentan las empresas para hacer más eficiente la reapertura.
38. Diseñar políticas de trabajo remoto donde sea posible, implementando medidas de aislamiento de potenciales casos y esquemas de trabajo que prioricen la salud del trabajador.
39. Fortalecer y ampliar programas de apoyo a poblaciones vulnerables como adultos mayores, niños y personas con discapacidad, para garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales (salud, educación, alimentación, vivienda y vestido).
40. Reforzar el sistema de seguridad social con elementos que reduzcan la desigualdad, como acceso universal a salud, pensión universal, guarderías y seguro de desempleo.
41. Realizar reformas al sistema de ahorro para el retiro para mantener su sostenibilidad de largo plazo, protegiendo los recursos de los mexicanos en las AFORES. Ampliar el régimen de inversión de las AFORES para bursatilizar activos públicos existentes con probada rentabilidad, permitiendo recursos adicionales al gobierno. Facilitar que quienes pierdan su empleo puedan retirar de las AFORES el monto que ya permite la ley, de manera expedita.
42. Fortalecer el sistema educativo y generar esquemas de capacitación a desempleados para desarrollar nuevas habilidades que faciliten su reinserción a la vida laboral y garanticen un trabajo estable, bien remunerado y digno.
43. Apoyar las instituciones que cuiden a la familia y reduzcan la violencia intrafamiliar y social para robustecer el tejido social mexicano y dar mayor seguridad a poblaciones en riesgo, velando por el respeto de los derechos humanos de la población.
44. Fortalecer la industria nacional para promover la creación de empleos y aumentar el poder adquisitivo de la población mexicana, impulsando el consumo.
45. Desarrollar programas de transferencias directas para promover el consumo en poblaciones vulnerables.
46. Diseñar programas que detonen la demanda nacional, formalicen la economía y fomenten el consumo interno, como el turismo (por ejemplo, el Tianguis Turístico), el consumo de bienes nacionales (ejemplo El Buen Fin) y los programas sociales.
47. Fomentar la inversión en proyectos de infraestructura con rentabilidad social, más allá de los que ya se tienen programados, promoviendo a su vez la inversión del sector privado y el mercado de valores.
48. Desarrollar un programa de depreciación acelerada para promover la inversión del sector privado.
49. Detonar los sectores de construcción y vivienda capitalizando el potencial de estos sectores para impulsar la generación de empleo y el crecimiento económico.
50. Promover la inversión extranjera directa, generando políticas de largo plazo que den certidumbre del atractivo y potencial del país.
51. Fomentar proyectos de infraestructura de largo plazo financiados a través de la coordinación entre el sector público y privado, y el mercado de valores.
52. Incentivar proyectos de infraestructura energética de largo plazo para promover la inversión, priorizando proyectos de energía renovable. Además de diseñar un plan para mantener viables a las empresas productivas del Estado, PEMEX y CFE, sin comprometer el crédito soberano de la Nación.
53. Disminuir la tasa de interés de referencia del Banco de México para promover la inversión, y expandir el acceso a financiamiento.
54. Apalancar el uso de nuevas plataformas tecnológicas de financiamiento (Fintech) para detonar el emprendedurismo y fomentar el crecimiento de la innovación local.
55. Minimizar el número de trámites, tiempos de respuesta y requerimientos necesarios para la implementación de proyectos de inversión.
56. Utilizar el gasto de gobierno como una palanca para el crecimiento y desarrollo económico, privilegiando la inversión pública.
57. Convocar una nueva convención nacional hacendaria.
58. Transparentar los Padrones de Beneficiarios del Gobierno a través de un órgano descentralizado, para coordinar los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno.
59. Implementar un consejo fiscal independiente conformado por expertos en la materia que asesore y vigile el desempeño del gobierno en lo que se refiere a temas de política fiscal.
60. Impulsar y coordinar la implementación del TMEC, con énfasis en cadenas de suministro e inversión, que será sumamente beneficioso para las tres naciones. Establecer una mesa de trabajo entre sector público y privado para satisfacer las cláusulas exigentes del TMEC, que previo a la crisis ya establecía retos para México.
61. Capitalizar los espacios de oportunidad en el sector exportador para sustituir importaciones de la cadena de valor de productos provenientes de China y otros países del sureste asiático, a la región de América del Norte.
62. Desarrollar políticas que incentiven el crecimiento del contenido nacional e incrementen el valor agregado de nuestras exportaciones.
63. Aprovechar los tratados comerciales existentes con Europa, América Latina y
64. Garantizar transparencia y cumplimiento en las reglas que norman la actividad económica, respetando la legalidad y generando certidumbre jurídica.
65. Mantener la separación de poderes, vigilando y exigiendo a cada poder que se abstenga de excederse en sus capacidades, pero al mismo tiempo cumpla cabalmente cada una de ellas.
66. Proteger la independencia de los órganos autónomos para garantizar el cumplimiento de sus funciones.
67. Implementar medidas de transparencia y rendición de cuentas para evaluar el desempeño del gobierno en todos los niveles y vigilar el buen uso de los recursos.
68. Reforzar a la Fiscalía General de la República para que combata la delincuencia, la corrupción y la impunidad.

Cuestionan empresarios plan de reactivación económica

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