Ombudsman de México denuncia a funcionarios por tortura
La Fiscalía General de la República (FGR) será ahora la encargada de decidir si abre procesos penales contra los funcionarios denunciados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha presentado denuncias penales contra 235 funcionarios federales y estatales de México por violaciones graves a los derechos humanos en el llamado caso Ayotzinapa, la desaparición de 43 … Leer más
La Fiscalía General de la República (FGR) será ahora la encargada de decidir si abre procesos penales contra los funcionarios denunciados.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha presentado denuncias penales contra 235 funcionarios federales y estatales de México por violaciones graves a los derechos humanos en el llamado caso Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el estado de Guerrero en septiembre de 2014 y cuyo paradero todavía se desconoce, indicó el miércoles en un comunicado.
Un total de 119 servidores públicos entre policías, fiscales e investigadores fueron denunciados por tortura ante la fiscalía federal el 22 de junio, señaló la CNDH.
Los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron víctimas de diversos ataques en la localidad de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, y otras seis personas murieron asesinadas.
Según la versión oficial, los 43 desaparecidos fueron secuestrados por la policía local, que los entregó a miembros del crimen organizado, los cuales supuestamente los quemaron en un basurero y echaron sus restos a un río cercano. Sin embargo, expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguraron que esta teoría no tenía fundamento porque estaba basada en confesiones fruto de la tortura, y presentaron evidencias de que funcionarios de todos los niveles de gobierno habían cometido actos de obstrucción a la justicia.
Recientemente se divulgó un video en el que se observaba a uno de los sospechosos siendo interrogado con la cabeza metida en una bolsa de plástico.
De los 119 denunciados por participar en actos de tortura, trato inhumano, detención arbitraria y otras violaciones a los derechos humanos, la gran mayoría, 114, eran funcionarios federales.
La CNDH ya había denunciado en el pasado que diversos detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes habían sido arrestados de manera irregular, que no pudieron ver a sus abogados, que se manipularon evidencias y que hubo abusos de autoridad.
La fiscalía federal será ahora la encargada de decidir si abre procesos penales contra los funcionarios denunciados. La Comisión también presentó quejas administrativas contra 140 funcionarios.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los familiares de los 43 desaparecidos a esclarecer un caso que causó conmoción dentro y fuera de México, pero aunque nuevos grupos de investigadores ya han iniciado su trabajo, todavía se desconoce cuál fue el paradero de los jóvenes.
El miércoles, la Secretaría de Gobernación informó en un comunicado que integrantes de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa habían recorrido las instalaciones militares de Iguala.
Poco después de los hechos, los padres de los desaparecidos habían pedido acceder a este batallón para buscar allí a sus hijos, pero la Secretaría de la Defensa se negó. Lo consiguieron ahora, casi cinco años después de los ataques.
AP / OHH
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