Avanza endurecer castigo a expedir facturas para simular operaciones

La CHCP avaló el dictamen para incrementar la pena de prisión de tres a seis años a quien expida facturas para simular operaciones inexistentes

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados avaló el dictamen para incrementar la pena de prisión de tres a seis años, y no de tres meses a seis años, a quien expida facturas para simular operaciones inexistentes o enajenen dichos comprobantes.

La instancia legislativa que preside la diputada Patricia Terrazas Baca, del Partido Acción Nacional (PAN), dio luz verde a adicionar el Artículo 113 bis al Código Fiscal de la Federación, a fin de inhibir la comisión de ese delito.

Asimismo se modifica la fracción III del Artículo 113 para castigar a quien adquiera esas facturas con cárcel de tres meses a seis años. Así se busca fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes.

El documento, que será sometido al pleno de la Cámara de Diputados, refiere que en los últimos años aumentó el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas y que se han utilizado para obtener un beneficio ilegal.

Agrega que la evasión de impuestos reduce el potencial de recaudación y el contribuyente que incurra en ese tipo de prácticas debe ser sujeto a sanciones.

Indica que el Servicio de Administración Tributaria considera que la principal causa de la caída de la recaudación son las operaciones por las empresas deductoras de operaciones simuladas.

En ese contexto, menciona el incrementar indebidamente las deducciones; solicitar devoluciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por esas operaciones; facturar mercancías que no pagaron impuestos por su importación; y lavado de dinero.

Además de que la compra-venta de facturas genera una competencia desleal, precisa el dictamen, a largo plazo incide en que la carga tributaria recaiga sólo en los contribuyentes cumplidos.

Por ello, y dada la gravedad de la evasión fiscal se requieren acciones de defensa en favor de los contribuyentes.

Plantea que la reducción de la evasión de impuestos fortalecerá los ingresos públicos, la sostenibilidad fiscal de los gobiernos y generará un impacto positivo en el bienestar de los países.