Auditoría encontró casi cinco mil presuntos “aviadores” en San Lázaro

También se identificaron movimientos bancarios atípicos, de transferencias por 1.18 msp por concepto de “pago por préstamo a un servidor público a adscrito a un grupo parlamentario”.

La Auditoría Superior de la Federación determinó que en la Cuenta Pública 2017 la Cámara de Diputados no tiene evidencia documental de las actividades que desempeñaron cuatro mil 829 personas contratadas durante el ejercicio 2017 bajo el régimen de honorarios, vinculados con actividades administrativas, grupos parlamentarios y con el quehacer legislativo.

Observó que en el órgano legislativo persiste una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos, particularmente los relativos a las subvenciones destinadas a los grupos parlamentarios y otros conceptos relacionados con actividades legislativas.

La Auditoría Superior de la Federación detalló que en ese año no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo trabajos legislativos.

Sistema Público de Consulta de Auditorías

Plataforma disponible para la consulta de informes de auditoría correspondientes a la tercera entrega #Fiscalización #Cuenta Pública 2017

Aquí te decimos cómo utilizarlo: https://t.co/hyOU4cM7ab

— Auditoría Superior (@ASF_Mexico) February 21, 2019

Además determinó que en la adjudicación de servicios de alimentos (restaurante y cafeterías) no se presentaron los elementos necesarios para la selección de los proveedores.

Tampoco se proporcionó evidencia documental que soporte la entrega de licencias, permisos, garantías de cumplimiento y garantías para desocupar y entregar las instalaciones, ni evidencia de que los seguros de responsabilidad civil estuvieran activos durante la vigencia de los contratos.

“Respecto de uno de los espacios asignados para un proveedor de alimentos, el que realmente presta los servicios corresponde a una empresa que tiene personalidad jurídica diferente a la del proveedor contratado, la cual inició operaciones 25 días antes de la autorización para la adjudicación directa”, detalló.

También se identificaron movimientos bancarios atípicos, mediante los cuales un proveedor realizó transferencias bancarias por 1.18 millones de pesos por concepto de “pago por préstamo a un servidor público a adscrito a un grupo parlamentario”.

En otro caso se ubicaron depósitos de proveedor a una cuenta bancaria del mismo grupo parlamentario por “pago de camioneta”.

De la inspección física efectuada al mobiliario y equipo no se localizaron cinco bienes por 0.30 millones de pesos; además, la entidad fiscalizadora tiene registrados 312 bienes pendientes.

Notimex