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Jueces prohiben a funcionarios públicos bloquear a tuiteros

Por violar el derecho de acceso a la información, en los últimos meses, diversos jueces federales de todo el país han ordenado a servidores públicos desbloquear de sus cuentas de Twitter a ciudadanos que estaban excluidos

Por violar el derecho de acceso a la información, en los últimos meses, diversos jueces federales de todo el país han ordenado a servidores públicos desbloquear de sus cuentas de Twitter a ciudadanos que estaban excluidos

Para los juzgadores, el que un funcionario como un alcalde, secretario, fiscal o consejero del INE bloquee a alguien de sus redes sociales, es discriminatorio y limita el derecho de acceso a la información de carácter público que ahí transmite.

Por ejemplo, en octubre de 2017 en una sentencia sin precedentes en México, un juez federal ordenó al alcalde de Nogales, Sonora, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, desbloquear de su cuenta de Twitter a un ciudadano, luego de que este último interpuso un amparo.

El munícipe argumentó ante el juez que la cuenta de Twitter es de uso personal y no es financiada por el ayuntamiento, sin embargo, en la investigación realizada al perfil del funcionario se estableció que la cuenta es utilizada para destacar las tareas del gobierno municipal.

Otros funcionarios que han sido demandados ante el Poder Judicial de la Federación son los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama quien, para evitar gastos innecesarios en un juicio, desbloqueó de su cuenta de Twitter a John Ackerman. Lorenzo Córdova también fue demandado por Ackerman.

El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, bloqueó al periodista Luis G. Hernández, quien amagó con proceder legalmente si no podía revisar los tuits del legislador. Horas más tarde, fue desbloqueado.

Al tratarse de un tema novedoso relacionado con las nuevas tecnologías de la información, el caso podría ser analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que podría decidir en definitiva si el bloqueo a un ciudadano en alguna red social por parte de un servidor público viola los derechos humanos.

Con información de Excelsior

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