Derechos y protección universal, bases para presupuesto social 2019: Coneval

Es necesario mejorar la eficiencia y calidad del gasto público, es decir, que los recursos públicos generen beneficios en la calidad de vida de la población: CONEVAL

Redacción 

Con el propósito de apoyar las decisiones del Ejecutivo y del Congreso respecto al presupuesto enfocado al desarrollo social ante la próxima discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dio a conocer el documento Consideraciones para el proceso presupuestario 2019. 

En dicho documento el CONEVAL identifica tres objetivos primordiales del presupuesto social para el año próximo:

1. Reducir la pobreza y pobreza extrema, a partir de estrategias coordinadas entre dependencias y órdenes de gobierno.
2. Que la política pública tenga como hilo conductor el acceso efectivo a los derechos sociales que permita cerrar las brechas económicas y sociales, así como generar una mayor igualdad de oportunidades.
3. Implementar un esquema de protección social universal que propicie reducir las brechas más urgentes y promueva una mayor igualdad a los accesos básicos para toda la población.

Además, el documento integra información sobre los programas presupuestarios prioritarios para reducir las carencias sociales de cada una de las dimensiones de la pobreza consideradas en la Ley General de Desarrollo Social, así como los programas prioritarios por su contribución al acceso efectivo a los derechos sociales.

Algunas de las consideraciones que señala el documento del CONEVAL contribuirían a incrementar el bienestar económico así como el acceso efectivo a derechos como alimentación, educación, salud, a la no discriminación, vivienda, trabajo, entre otros, son:

Bienestar Económico

• Implementar programas de acceso universal al empleo.
• Aumentar el salario mínimo de manera constante
• Tener como objetivo explícito incrementar los ingresos de la población en condiciones de pobreza.
• Rediseñar los programas de apoyo a la productividad y microcréditos con el fin de evitar traslapes o duplicidades de esfuerzos.

Alimentación

• Mejorar el acceso físico y económico a alimentos suficientes y saludables.
• Revertir la tendencia creciente en la prevalencia de sobrepeso y obesidad.
• Incrementar la producción de alimentos de los pequeños productores agrícolas, pecuarios y pesqueros en actividades de subsistencia.

Educación

• Disminuir las inequidades de acceso al derecho a la educación entre los diferentes grupos de la población.
• Incrementar la disponibilidad de instituciones públicas que ofrecen educación media superior
• Mejorar la focalización de la población a la que se otorgan becas
• Aumentar el financiamiento a la educación para adultos, así como la disponibilidad de instituciones que la brindan localizadas en regiones que concentran a la población con rezago educativo.

No discriminación

• Establecer claramente quienes son los responsables de la atención de la población discriminada.
• Implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas en casos concretos que puedan acelerar la existencia de puntos de partida iguales para toda la población.

Salud

• Homologar el gasto público por persona en salud entre las entidades federativas de acuerdo con las necesidades de salud de la población, al tiempo de garantizar que el gasto se asigne efectivamente a las unidades de atención médica.
• Eliminar la fragmentación del sistema de salud y garantizar un tratamiento igualitario de patologías entre las instituciones.
• Promover que el gasto invertido en el acceso a la salud de las personas sin seguridad social sea destinado no solo a la afiliación sino a la mejora continua de la calidad del servicio.

Vivienda

• Reducir el rezago de vivienda que prevalece en el país, con énfasis en la población de escasos recursos, comunidades indígenas, en el entorno rural y en las entidades federativas ubicadas en el sur del territorio nacional.
• Garantizar el acceso a la infraestructura básica, complementaria y de servicios, particularmente en la región sur del país, en el entorno rural y en las periferias metropolitanas.
• Reducir el número de viviendas habitadas que no cuentan con un título de propiedad o contrato de arrendamiento y promover la igualdad de género en la titularidad de la vivienda y la tierra, con énfasis en las comunidades indígenas y en el entorno rural.
• Promover la calidad comunitaria en los barrios, con énfasis en las entidades del centro y sureste, así como en las zonas metropolitanas.
• Mejorar la calidad de los asentamientos humanos con una visión de planificación sustentable y de ordenamiento del territorio.

Trabajo

• Reducir la informalidad laboral y diseñar estrategias específicas de formalización especialmente para los grupos más afectados.
• Ampliar la cobertura y pertinencia de los programas de formación profesional para mejorar la inserción laboral de los trabajadores.
• Respetar los criterios constitucionales respecto al salario mínimo.
• Ampliar el acceso a estancias infantiles para favorecer la participación económica de las mujeres y reducir la desigualdad.

En resumen, señala el documento, es necesario mejorar la eficiencia y calidad del gasto público, es decir, que los recursos públicos generen beneficios en la calidad de vida de la población: reducir la desigualdad, disminuir la pobreza, mejorar la seguridad social, proteger los derechos de la niñez, eliminar la discriminación, entre otros aspectos. Para asegurar que dichos resultados se materialicen, es necesario contar con mecanismos de medición que identifiquen y den seguimiento a los avances.

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