SEA no ha tenido resultados contra empresarios

No han iniciado averiguaciones contra personas involucradas en actos de corrupción, porque esperan los resultados de fiscalización de 2017.

Marco Estrada

A un año de haberse instalado el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), aún no se han iniciado averiguaciones contra sujetos físicos o morales involucrados en actos de corrupción, pues esperan los resultados de fiscalización de las cuentas públicas de 2017, aseguró la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Fabiola Mondragón Yáñez.

De acuerdo con la magistrada, desde las reformas constitucionales para instalar los mecanismos de combate a la corrupción a nivel local y nacional, se autorizó la posibilidad de sancionar a los ciudadanos que se vean involucrados en actos de corrupción y no solo a los servidores públicos.

Mondragón Yáñez destacó que la corrupción se divide en dos partes, la del funcionario y la de los particulares. Por ello, ahora la Constitución señala que los sujetos obligados son personas físicas y morales con actividad comercial o empresarial.

La magistrada señaló que será a partir de que se comiencen a hacer los procesos de entrega-recepción de las Administraciones municipales, estatales o federal, cuando se detecten las primeras irregularidades.

Otro momento en el que se registrará mayor carga de trabajo, es cuando la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) o la Auditoria Superior de la Federación (ASF) auditen las cuentas públicas de los entes de Gobierno.

“No hay juicios iniciados, esto es un proceso de transición, este es un período muy importante para detectar faltas graves (…), si no hay denuncia, pues nadie investiga, debe haber una denuncia, ya sea de las que hace la ESFE o la ASF, o puede ser una denuncia ante los Órganos Internos de Control”, explicó Mondragón Yáñez.

Las averiguaciones que se pueden realizar contra aquellas empresas o representantes legales de las empresas, se dividen en dos tipos: Faltas no graves, son aquellas que tienen que ver con un acto de corrupción que repercute en la realización del trabajo de un servidor público.

Mientras que las faltas graves se dividen en 12, entre las más graves se encuentran el cohecho, peculado, mal uso de la información, conflicto de interés, entre otras.

Al Tribunal de Justicia Administrativa Federal o Estatal le compete determinar la sanción a los sujetos físicos, que van desde los 8 mil 60 hasta los 12 millones 90 mil pesos o bien dos veces los beneficios obtenidos; así como una suspensión de tres meses a ocho años.

Para los sujetos morales, las multas económicas van de los 80 mil 600 a 120 millones 900 mil pesos; inhabilitación temporal entre tres meses y 10 años; además que el SAT suspende actividades para un periodo de tres meses a tres años.

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