El mal comportamiento de una buena parte de los venezolanos residentes en Cúcuta motivó la reacción violenta de un grupo minúsculo de la comunidad local que ha visto vulnerados sus derechos y vidas privadas por los comportamientos lascivos de algunos de ellos a plena luz de día, sumados a los problemas de drogadicción y delincuencia, incluyendo violaciones y asesinatos, que se hicieron más evidentes tras la llegada de ellos huyendo de su país.
En el fin de semana se reportó la muerte con arma blanca de cinco venezolanos, cuyos cuerpos aparecieron tirados en la autopista que conduce de Cúcuta (Colombia) a San Antonio del Táchira (Venezuela) y hace menos de 48 horas se lanzaron bombas molotov contra residentes venezolanos que se alojaban en el mal llamado ‘Hotel Caracas’ situando donde queda una cancha de baloncesto, y que tiene un carácter xenofóbico.
El sitio ubicado al aire libre fue el lugar que sirvió para que un grupo de ‘comerciantes venezolanos’ cobraran por dormir a las personas que necesitaban pasar la noche con alguna protección. Algo similar aconteció en otros lugares de la zona de frontera.
Pero todo esto tiene su origen en la indolencia de la clase política de la región y del país, en especial de la Cancillería, que se hizo de la vista gorda frente a la magnitud del problema y ahora que se creció el tumor no saben qué hacer para extirparlo de raíz, sobre todo porque se avecina el cierre de la primera campaña política que es la base para la posterior elección presidencial.
La intención del alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas, de construir albergues o dormitorios para los venezolanos no se cristalizó por el pronunciamiento del gobierno nacional de cumplir con las normas internacionales toda vez que los venezolanos no tienen el estatus de refugiados y se les debe brindar otra clase de apoyo, además de tener el visto bueno de la ONU y la Acnur.
El incumplimiento del protocolo le originaría una sanción y en el peor de los casos una demanda internacional. Lo cierto es que nadie sabe que va a pasar.
