Actualmente, las ciudades se apoyan en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para responder a los retos globales en materia demográfica, económica, ambiental, social y de infraestructura. Ante esto, la pregunta es: ¿Qué acciones y hacia dónde deben orientarse las políticas públicas que determinen el futuro de las ciudades inteligentes para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, las cuales impulsen el desarrollo económico y preservar el medio ambiente?

Es un hecho que se deberá considerar, por la importancia que tiene la sostenibilidad, el crecimiento demográfico demandará cada vez más energía. Para 2040, las energías renovables serán la forma más económica y eficiente de producir electricidad en las ciudades, por lo que se deberá impulsar la construcción de plantas solares y el almacenamiento de ella.

Hoy en día, la industria robótica está ganando impulso, automóviles, celulares, pantallas y, prácticamente, todos los electrodomésticos son por robots.

Se estima que para 2019 habrá 2.6 millones de ellos trabajando en fábricas, por lo cual, tanto el Gobierno como las empresas deberán proporcionar las competencias adecuadas al capital humano, para estar preparados en el cambio de paradigma que implica la automatización y el uso de robots en los puestos de trabajo.

Con el anuncio de las armadoras que dejarán de producir vehículos de combustión en los próximos años, se dará paso a la fabricación de automóviles eléctricos e híbridos, aunado a la llegada de los vehículos autónomos, los cuales ofrecerán ventajas en el tema de seguridad vial y tráfico. En consecuencia, un área de oportunidad de negocios será el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y software.

Teniendo en cuenta lo anterior, México tiene un desafío y un campo de oportunidades para ser un país más sostenible y sustentable, atendiendo la complejidad de los problemas urbanos de las grandes ciudades como la necesidad de agua, vivienda y transporte, así como la contaminación, el crecimiento económico desigual y la disminución de los presupuestos públicos.