Este 2017 será un año que no querrán recordar los venezolanos, en especial el Gobierno, cuando aún faltan 45 días para terminar, por el pésimo estado de sus finanzas producto del mal manejo de sus divisas, la corrupción y la inflación.
Ese salpicón de factores conlleva a que exista en este momento un cese de pagos parcial.
El último afectado que puso el grito en el Club de París fue Brasil.
El Club de París es un mecanismo de convocatoria de acreedores oficiales de países endeudados para renegociar en forma coordinada y conjunta las deudas externas de los países con iliquidez.
La falta de honestidad para aceptar que hay crisis y que se tomaron decisiones erróneas por capricho ha conllevado a Venezuela a esta situación.
En las últimas horas, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó, como única y gran solución, el proyecto de Ley Constitucional de Precios Acordados, propuesto por el presidente Nicolás Maduro, que busca garantizar la soberanía alimentaria y establecer los criterios para instaurar los precios de productos que son prioridad.
La ley tiene 3 artículos y garantizaría el acceso a los alimentos; sería una estrategia para vencer la guerra económica, causante de la crisis económica del país, de acuerdo con el Gobierno, cuando la realidad es otra por cuanto el Gobierno acabó con el aparato productivo.
Para continuar con este sueño, la ley fomentaría el diálogo entre los diferentes sectores con el propósito de establecer los precios que beneficien a todos y que garanticen el acceso de los productos a toda la ciudadanía.
La pregunta es: ¿Con qué dinero van a adquirir productos cuando la inflación es galopante, al punto de que el Gobierno ha hecho cuatro aumentos de salario y todavía no ha solucionado los problemas?
Los que viven en las zonas de fronteras observan cómo los mismos venezolanos sacan de contrabando verduras, frutas, productos perecederos y enlatados para vender a precios irrisorios y de paso adquirir con ese dinero productos como arroz, papel higiénico o lentejas que en su país no consiguen.