Ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó su informe sobre el caso Tanhuato. Se trata de la muerte de 43 personas, en Rancho del Sol, en el estado de Michoacán, el 22 de mayo de 2015; en un enfrentamiento entre un supuesto “grupo armado” y la Policía Federal (PF). El informe es demoledor para el gobierno de Peña Nieto y para todos aquellos que aceptaron ciegamente la versión oficial de que los 42 muertos no pertenecientes a las fuerzas públicas murieron en una refriega, en la que la PF resultó ser, a tal grado, superior en armamento y pericia que logró un saldo a su favor, de 42 versus 1.
De acuerdo con Luis Raúl González Pérez, la PF hizo “uso excesivo de la fuerza, manipuló evidencia y trató de manera indigna a algunos de los cadáveres.” La PF torturó a civiles, sembró armas y cartuchos, manipuló la posición de los cuerpos y posiblemente quemó algunos. Sobre todo, ejecutó por lo menos a 22 personas, mientras que cuatro más fallecieron por el ya citado uso excesivo de la fuerza, y el motivo del fallecimiento de 15 más no pudo ser determinado.
Los resultados de la investigación de la CNDH constituyen también una reivindicación de las pesquisas, de los reportajes y de las deducciones lógicas de quienes desde un principio rechazamos la versión oficial de los hechos. Confirma las tesis sobre la inverosimilitud de los índices de letalidad en México, desmentidos en primer lugar por Catalina Pérez Correa. En particular le da la razón a Carlos Loret de Mola, quien consiguió poco después de la matanza el informe de la Procuraduría Estatal de Michoacán, que decía, palabras más, palabras menos, lo mismo que afirma hoy la CNDH.
¡Que bueno que alguien le filtró el documento a Loret, y que organizaciones como Human Rights Watch, representada por José Miguel Vivanco, le creyeron y lo apoyaron! ¡Que lástima que el gobierno de EPN no hizo caso!
Lo cual nos lleva a una de las implicaciones más dolorosas del informe de la CNDH. Todo esto sucedió hace 15 meses. Durante ese lapso, nadie en el gobierno –ni la dirección de la PF, ni los directivos de la Comisión Nacional de Seguridad, ni la Secretaría de Gobernación- hicieron absolutamente nada para determinar qué aconteció ese día en Tanhuato, en la masacre individual más sangrienta en México desde Acteal, o incluso desde Tlatelolco. O no investigaron, o no divulgaron, o no castigaron, o de plano encubrieron.
¿Habrá un responsable de la matanza? ¿Habrá un responsable del encubrimiento? ¿Habrá un responsable de la desidia, el descuido y la radical ausencia de la “voluntad de saber”? A que no.
Por: Jorge Casteñeda
