Una constitución moderna es la síntesis de las legítimas aspiraciones sociales que busca adecuar las normas a la realidad social, enmarcada en el entorno del siglo actual. De ahí que el artículo primero vigente, se modificó con la intención de resaltar el respeto a los derechos de igualdad y de la no discriminación:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”

Con base en esta norma, el pasado 17 de mayo, Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Peña Nieto presentó una reforma al cuarto constitucional para reconocer a los matrimonios igualitarios. A diferencia de lo expuesto en mi anterior colaboración, ahora sí quiero abordar la motivación de este envío.

¿Por qué un presidente que cuida las formas para mantener una pulcra imagen y conocido por sus posiciones conservadoras, envía una propuesta sobre un tema polémico como el del “matrimonio igualitario”? El Presidente en 2012 dijo que el “matrimonio entre personas del mismo sexo es facultad de las legislaturas estatales y que su gobierno no intervendría en lo que éstas decidieran”.

En el contexto mexicano, la discriminación persiste porque está muy enraizada en las estructuras socioculturales, invisible a la opinión pública porque no hay conciencia de que se discrimina. La discriminación motivada por preferencia sexual persiste en un universo de prohibiciones y marcos morales que regulan las creencias consideradas “normales”, definiendo los comportamientos que se deben de tener.

¿Por qué ahora retoma la lucha de personas y grupos de la sociedad que demandan eliminar y denunciar el rechazo y la discriminación hacia quienes se reconocen a sí mismos como homosexuales? ¿Por qué ahora? Este tema ha sido abordado por la Suprema Corte en múltiples sentencias sobre la inconstitucionalidad de las leyes de las entidades federativas que definen al “matrimonio como formado exclusivamente por un hombre y una mujer”, porque vulnera los principios de igualdad y no discriminación.

Parte de la argumentación de la iniciativa aborda la orientación sexual como un derecho; se refiere al matrimonio como contrato civil público y “una de las instituciones de realización existencial de especial importancia”; busca eliminar las discriminaciones estructurales que hacen sobrevivir prejuicios y estereotipos. ¿Por qué ahora?

El actual gobierno federal se ha caracterizado por su pragmatismo político, por su sordera a las demandas ciudadanas sociales y económicas, por su ceguera ante la inseguridad pública y la actuación de las fuerzas públicas, por su torpeza en las respuestas frente a la violación continua de los derechos humanos, por su insensibilidad para explicar los escándalos de corrupción e impunidad de su gobierno, etcétera.

Es correcto el envío de esta iniciativa, pero ¿por qué ahora, prefirió atender los derechos humanos sexuales en lugar de los relacionados con la procuración e impartición de justicia y el combate a la corrupción e impunidad, que son más apremiantes? Porque el gobierno peñista tiene los más bajos niveles de aprobación ciudadana y los más altos grados de corrupción e impunidad; porque hay desánimo de la población y una grave crisis de derechos humanos; porque quiere mejorar la imagen presidencial; y porque el 2018, está cerca.

Con esta reforma, el Presidente refleja una visión moderna, pero la apariencia ha sido una constante en su forma de ejercer el poder. Peña Nieto está obligado a extender este comportamiento a todas las esferas de la vida pública y hacerlo principio rector de su gobierno. Lo que procede ahora, es demandarle menos cortinas de humo y más resultados.

Por: Patricia Espinosa Torres, Política, conferenciante y humanista comprometida con la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

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