Pago por Servicios Ambientales, contra el cambio climático

La silvicultura y la agricultura son responsables de 30 por ciento de las emisiones de gases contaminantes; el turismo contribuye con otro 5 por ciento.

 

Patricia Ramírez

Cada actividad humana produce una huella de carbono, es decir, una cantidad total de dióxido de carbono (CO2) o gases de efecto invernadero considerados como los principales causantes del cambio climático.

De acuerdo con Rainforest Alliance (RA), 31 por ciento de las emisiones de gases a nivel mundial provienen de la silvicultura y la agricultura, mientras que 5 por ciento provienen del turismo; estas emisiones, apunta la organización, “son subproductos de la deforestación, la conversión agrícola y el turismo no sostenible”.

RA es clara cuando afirma que modificar nuestros hábitos de consumo, alimentación, energía, medios de transporte que usamos, la vivienda en que habitamos y la forma en que gestionamos nuestros residuos repercutirá en una menor o mayor generación de gases de efecto invernadero; sin embargo, todas las actividades humanas generan CO2.

En este contexto, el concepto de ʻcompensación ambiental’ cobra un sentido relevante, sobre todo cuando no se cuenta con alternativas libres de carbono para la actividad seleccionada, tal es el caso de los viajes en avión o en auto.

Como ejemplo, el vuelo para una familia de cuatro integrantes, de la Ciudad de México a Nueva York –distancia de aproximadamente 2 mil 91 millas–, para las vacaciones de verano, implica un gasto de 1.5157 toneladas de acuerdo con la calculadora de CO2 de Sustainable Travel International (STI).

Aerolíneas como Jet blue, Delta, o United Airlines, permiten compensar la huella de carbono mediante la aportación económica a organizaciones como Carbonfund, que mantiene un programa de pago por servicios ambientales con el Proyecto Envira Amazonia, y STI que hace lo propio con la Iniciativa de Conservación Alto Mayo de Perú.

El concepto  de servicios ambientales

El concepto de servicios ambientales, que permite tener un enfoque más integral para interactuar con el entorno, es relativamente reciente, explica la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en su presentación sobre los programas de la dependencia en el tema; pero “en realidad las sociedades se han beneficiado de dichos servicios desde sus orígenes, la mayoría de las veces sin tomar conciencia de ello”.

Los servicios ambientales, añade la dependencia gubernamental, son beneficios intangibles, pues a diferencia de los bienes o productos ambientales, como la madera, los frutos y las plantas medicinales de los cuales nos beneficiamos directamente, los servicios ambientales no se ʻutilizan’ o ʻaprovechan’ de manera directa.

Conafor describe a los Servicios Ambientales del Bosque (SAB) como aquellos que se reciben de los diferentes ecosistemas forestales, ya sea de manera natural o por medio de su manejo sustentable, ya sea a nivel local, regional o global.

“Los servicios ambientales influyen directamente en el mantenimiento de la vida, generando beneficios y bienestar para las personas y las comunidades”, señala el organismo.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable describe los Servicios Ambientales como los “satisfactores que brindan los ecosistemas forestales de manera natural o por medio del manejo sustentable de los recursos forestales, tales como la provisión del agua en calidad y cantidad, la captura de carbono, contaminantes y componentes naturales, la generación de oxígeno, el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales, la modulación o regulación climática, la protección de la biodiversidad, los ecosistemas y formas de vida, la protección y recuperación de suelos, y el paisaje y la recreación”.

Regularmente, los servicios ambientales son gratuitos para la gente que disfruta de ellos, mientas que los dueños y poseedores de terrenos forestales que los proveen no son compensados en forma alguna.

Compensando la huella de carbono en México

En 2001 se creó el Programa Estratégico Forestal para México 2025 (PEF), marco en el cual la Conafor estableció el Fondo de Manejo Forestal Sustentable, también denominado Fondo Forestal Mexicano (FFM), que se describe como “el instrumento para promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y sus recursos asociados facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales”.

En 2018, la Conafor asignó a nivel nacional recursos por 736 millones 470 mil 698 pesos a 525 proyectos de los 32 estados de la República dentro del programa Compensación Ambiental 2018. Los proyectos suman 38 mil 55 hectáreas de áreas forestales.

De los 525 proyectos aprobados por Conafor en 2018, siete se localizan en el estado de Querétaro, específicamente en los municipios de Colón, Cadereyta de Montes, El Marqués, Peñamiller y Tolimán. Los proyectos suman 292 hectáreas cuyos propietarios recibieron en conjunto, por concepto de pago de servicios ambientales, 8 millones 774 mil 475 pesos.

En el estado de Querétaro existe, desde hace cuatro años, el Programa de Pago de Servicios Ambientales mediante el cual se entregó en 2017 una bolsa de 2 millones de pesos destinados a 63 beneficiarios, dueños de propiedades forestales; explicó  Marco Antonio del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable.

“(El pago por Servicios Ambientales) son herramientas que usamos para reconocer a aquellos poseedores de tierra que ponen la tierra al servicio del medioambiente. Son hectáreas de terreno con alto valor ambiental, y que se están protegiendo por que no se estén explotando, ni cultivando, ni teniendo actividades invasivas, y es una manera de reconocerles y generarles beneficio económico por el terreno que ellos poseen”, explicó.

Un proyecto de compensación queretano

Martha Isabel ʻPati’ Ruiz Corzo, directora del Grupo Ecológico de la Sierra Gorda, organización de la sociedad civil con 31 años de trabajo en la zona serrana del estado de Querétaro, considera que un bosque sin valor económico corre mayor riesgo de ser destruido para cambiar su uso de suelo a una actividad más redituable.

“Empezamos a medir el carbono desde 1993: hicimos levantamientos en los diferentes tipos de vegetación, y sabemos cuánto dióxido de carbono hay en la Sierra Gorda. Hemos generado información inédita. Llevamos 20 años buscando cómo conseguir que a los propietarios de los bosques se les valorice la infraestructura de la cual son dueños”, expresó.

Así nació el proyecto Planeta Carbono Neutral, que en asociación con Bosque Sustentable AC y Viva Sierra Gorda, avalado por Rainforest Alliance bajo los estándares de Carbono voluntario de la Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB) y Verified Carbon Standard (VCS), ofrece compensación de emisiones de carbono a personas y empresas que buscan reducir su impacto sobre el medioambiente preservando la Sierra Gorda queretana.

El proyecto fue pionero mundial al trabajar con pequeñas comunidades midiendo el carbono y tomando como referencia los criterios globales, explica Ruiz Corzo. Esto implicó solventar una serie de requisitos debido a que estos criterios no preveían los retos propios de la tenencia de la tierra a la que se enfrentan los pequeños propietarios del país.

“Los propietarios no tenían acta de nacimiento, polígono de su predio, título de propiedad ni CURP… nada. Me tomó tres años armar los expedientes (porque) los protocolos no tienen conocimiento de los contextos; no fueron diseñados para bosques, sino para proyectos de eficiencia energética, y el contexto socioeconómico es completamente otro”, explicó.

Así nació el Mecanismo Estatal de Compensaciones de Carbono que, promovido por el Grupo Ecológico Sierra  Gorda y apoyado por el Gobierno del estado de Querétaro, permite que los pequeños propietarios de la zona serrana accedan al Pago por Servicios Ambientales.

Con el Proyecto Planeta Carbono Neutral, se paga 450 pesos anuales por hectárea, lo que ha permitido proteger 10 mil hectáreas pertenecientes a 83 propietarios de bosque en la Sierra Gorda Queretana.

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