Impunidad y legislación

El país cuenta con leyes en materia de desapariciones forzadas, lo que revela poco progreso en el balance de este sexenio.

Axcel Luengas

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla la garantía de seguridad jurídica, la cual dicta que ningún individuo puede ser molestado en su “persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de su procedimiento”.

Para proteger dicha garantía, el artículo 21 de la Carta Magna y su ley reglamentaria establecen que la seguridad pública corresponde a los tres niveles de Gobierno: federal, estatal y municipal.

En la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de las Naciones Unidas, se entiende como desaparición forzada “el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado; o por personas –o grupos de personas– que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”

El 26 y 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala (Guerrero), fueron perpetrados ataques en contra de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, así como de jóvenes integrantes del equipo de futbol Los Avispones y población de civiles que se encontraban en el lugar de los hechos.

El 3 de octubre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Medida Cautelar Número 409/14. Como atención a dicha medida, el Estado mexicano solicitó asistencia técnica internacional para investigar el paradero de los normalistas desaparecidos.

En noviembre del mismo año, se firmó el acuerdo para la asistencia técnica entre la CIDH, el Estado Mexicano y representantes de víctimas; este acuerdo estableció la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al igual que los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, análisis de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos.

Durante el año en que el GIEI trabajó, se emitieron dos informes acerca del caso Ayotzinapa. En el primer informe (2015) se determinó que hubo 180 víctimas directas de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, incluyendo seis ejecutados extrajudicialmente.

En enero de 2015, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, afirmó que ya se conocía lo que catalogó como “la verdad histórica” de lo que ocurrió en el caso Iguala; añadió que esto debía cerrarse, pues, de acuerdo con declaraciones de los detenidos, “los 43” habían sido asesinados e incinerados por integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, e incinerados en un basurero de Cocula.

El 8 de abril de 2016, la “verdad histórica” de Murillo Karam se desmoronó, porque especialistas de la Universidad de Innsbruck publicaron su informe tras analizar diversas muestras de ropa y cabellos de los desaparecidos, además de muestras óseas, provenientes del basurero de Cocula. Tras las pruebas de ADN, ninguno coincidió con alguno de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

El 17 de septiembre de 2015, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de decreto que declara el 26 de septiembre como el Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas. Hasta el momento, el caso sigue sin esclarecerse.

Impunidad

La organización Fundar publicó su informe ‘Yo solo quería que amaneciera: Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa’. Este informe “deriva de una recomendación de la CNDH y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de su segundo informe sobre el caso”, aseguró Ximena Antillón Najlis, coordinadora del proyecto.

En las 523 páginas de este informe, se retoman las experiencias de los familiares de las víctimas, y de los sobrevivientes del caso Ayotzinapa, desde el punto de vista de lo psicológico “y lo humano, el costo de la impunidad”, añadió.

“El título del informe está basado en la declaración de uno de los sobrevivientes del 25 de septiembre de 2014. La ilustración es de un niño que dibuja a su familia y deja el espacio vacío sobre el que debió dibujar a su hermano”.

Informó que para la elaboración de este informe trabajaron no solo con los familiares de los 43 normalistas, sino que fueron más allá. “Por ejemplo, el testimonio de una mujer que es líder de un colectivo en Nuevo León. Su hijo es estudiante y está desaparecido también”.

En la recolección de experiencias, el grupo que realizó el informe encontró un patrón. “Fue como revivir su propio trauma y la experiencia de impunidad”, resaltando cómo en cada caso analizado la respuesta de las autoridades fue similar, o incluso la misma.

“En el caso de la mujer de Nuevo León, ella afirmó que fue como la desaparición de su hijo 43 veces”.

Hay otros casos como el de Rosendo Radilla, detenido ilegalmente el 25 de agosto de 1974, mientras viajaba en un autobús rumbo a Chilpancingo, Guerrero, y a quien no se volvió a ver; casos de  feminicidios (aunque, dijo, no necesariamente hablamos de desapariciones forzadas). “Hay antecedentes y estudios realizados en México”. En cierto sentido, el caso Ayotzinapa puede considerarse como un “parteaguas” en los casos de desapariciones forzadas en México; por la ayuda internacional y la participación de diversos factores y entidades a lo largo de la investigación, mencionó. Sin embargo, “no fue parteaguas porque esperábamos una buena investigación que diera con el paradero y los responsables. En dicho sentido, fue una repetición de los demás casos.

“No se vale que las personas que están sufriendo por la desaparición de sus familiares sean revictimizadas”, aseguró Ximena. También le exigió al Estado encontrar a los desaparecidos de Ayotzinapa, “encontrar y reconocer las causas estructurales que hicieron que esto pasara; de lo contrario estamos siempre ante el riesgo de que esto se repita.

“La primera medida de reparación es la verdad y la justicia. El Estado debe reconocer la falta de sustento científico de la ‘verdad histórica’; en otras palabras, reconocer que la verdad era mentira”.

Mordaza

Según el reporte de Article 19 ‘Democracia simulada, nada que aplaudir’, durante el sexenio de Vicente Fox se produjeron 22 asesinatos y cinco desapariciones de periodistas.

En el periodo de Felipe Calderón, la cifra ascendió a 48 comunicadores asesinados y 15 desaparecidos.

Por su parte, el mandato comenzado en 2012 con Enrique Peña Nieto al frente del Ejecutivo federal suma ya 41 periodistas muertos y 4 desaparecidos.

De acuerdo con Leopoldo Maldonado, oficial del Programa de Protección y Defensa de Article 19 México, el 99.6 por ciento de las agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en el país quedan impunes.

Se han documentado mil 986 agresiones en los últimos cinco años, de las cuales 8 por ciento fueron cometidas por el crimen organizado, mientras que 48 por ciento de los ataques son atribuidas a funcionarios públicos.

Aseguró que el informe revela la “falta total de interés por parte de la Administración actual a nivel federal y de las Administraciones estatales y municipales, así como el interés de amordazar mediante la violencia física o económica (refiriéndose a la publicidad oficial) las líneas periodísticas que pueden no resultarles afines.

“Desafortunadamente, el corte de caja de lo que va del sexenio, que va de salida, es bastante negativo. No tenemos avances pese a la existencia de una fiscalía especializada para la atención de delitos contra la libertad de expresión; la impunidad supera la media nacional de cualquier delito que se cometa contra cualquier persona.

“Las personas que amenazan, que desaparecen y agreden, siguen libres y gozando de total impunidad”, comentó. “Tenemos una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que no funciona, que debería trabajar a favor de las víctimas, pero al contrario, revictimiza”.

Añadió que en general existe una visión negativa del ejercicio de la protesta en espacio público, acompañada de una serie de leyes y regulaciones que pretenden restringir el uso del espacio público para protestar legítimamente.

Legalidad

En México, siete entidades federativas cuentan con una ley específica en materia de desapariciones forzadas. Son Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Querétaro; la mayoría de sus leyes fueron publicadas entre 2014 y 2015.

El informe sobre desapariciones forzadas, publicado por el Observatorio Nacional Ciudadano, destaca la legislación de Querétaro en esta materia y asegura que el marco jurídico estatal tiene como objetivos prevenir la desaparición de personas, tipificar los delitos de desaparición forzada y desaparición de personas por particulares, inhibir la práctica de la desaparición de personas, así como no permitir ni tolerar dichas prácticas bajo ninguna circunstancia, sancionar a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición de personas, y dar reconocimiento y efectividad a los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación del daño.

No obstante, la entidad cuenta con la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas en el Estado de Querétaro, se establece una pena de 15 a 45 años al “servidor público o el particular que actúe con la autorización, el apoyo o aquiescencia de servidores públicos que priven de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.

Querétaro cuenta con una de las leyes más completas a nivel nacional en este rubro; sin embargo, aún falta mucho trabajo por hacer en el país. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta enero de 2018 se registra a 34 mil 656 personas desaparecidas, de quienes poco más de 25 mil son hombres y 8 mil 974 son mujeres.

Según Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ya representa un avance, pues “se busca construir y sistematizar información para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas”. Enfatizó que para que esto tenga éxito, es necesaria la voluntad política de las autoridades.

“La ley no va a resolver por sí sola el problema de las desapariciones forzadas e involuntarias”, añadió.

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