Sanciones por no votar, opción ante el abstencionismo

Durante las elecciones federales de 2012, más de 28 millones de ciudadanos no acudieron a las urnas

Carlos Perusquía

En el sentido estricto, los derechos que todos tenemos como ciudadanos pueden ser suspendidos por no votar.

De acuerdo con la fracción primera, del artículo 38 constitucional, las prerrogativas de los ciudadanos se suspenden “por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36”, el cual establece el derecho a votar y ser votado.

A pesar de que el sufragio ciudadano es comúnmente reconocido como un derecho, es también una obligación.

Entre las obligaciones que establece el 36 constritucional, en su fracción tercera, está la de “votar en las elecciones y consultas populares, en los términos que señale la ley”.

Pese a su obligatoriedad, las sanciones contempladas, como la suspensión de derechos ciudadanos por un año, no son ejercidas por la autoridad.

Uno de los argumentos a favor de dichas sanciones es la reducción del abstencionismo.

En las elecciones federales de 2012, 28 millones no acudieron a las urnas.

Ese año, 84 millones de mexicanos tenían más de 18 años de edad (padrón electoral) y 79 millones de ellos cumplieron el trámite necesario para ejercer su derecho al voto (lista nominal), pero solo 50 millones de ciudadanos acudieron a las urnas (participación efectiva).

Destaca que el titular del Ejecutivo federal fue declarado ganador con 19 millones de sufragios, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que provocó que, aunado al fenómeno de la abstención, se presentaran cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.

A raíz de estas cifras, si se toma en cuenta la lista nominal y los 19 millones de votos que obtuvo Enrique Peña Nieto con sus alianzas, el resultado es que prácticamente uno de cada cuatro ciudadanos ( 24 por ciento) lo eligieron como gobernante, lo que abre el debate respecto al principio de representatividad consagrado en el artículo 40 constitucional y da sustento al voto obligatorio.

“Quienes defienden el voto obligatorio argumentan que las decisiones realizadas por gobiernos elegidos democráticamente tienen más legitimidad cuando existe una alta participación de la población en las elecciones”, de acuerdo con el Instituto para la Democracia y la Asistencia.

Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés), organismo intergubernamental con sede en Estocolmo, Suecia, del que México es miembro desde 2003.

En 2014, el organismo internacional evaluó cuatro procesos electorales realizados en países de América Latina.

Entre las conclusiones que obtuvo, destacó que “la alta abstención en varios procesos revela una peligrosa desafección de la ciudadanía con respecto al sistema democrático. Colombia superó 50 por ciento de abstención, tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial.

En Costa Rica, la abstención rondó cerca de 43 por ciento en el balotaje (segunda votación que se desarrolla entre los dos candidatos más votados en la primera, cuando ninguno ha obtenido la mayoría requerida) y en El Salvador, en la primera vuelta, fue de 45 por ciento.

Hasta ahora la excepción fue Panamá con 76.77 por ciento de participación ciudadana”.

Panorama en Sudamérica

A escala global, de 203 países de los que IDEA tiene información, 27 tienen modelos de voto obligado para el electorado.

En América Latina, IDEA hacen dos distinciones, los países que castigan el abstencionismo y los que no establecen penas.

Como primer ejemplo está Perú, país donde, a excepción de las personas mayores de 70 años, la población recibe una sanción económica por la omisión del sufragio; el monto se realiza conforme al tipo de distrito en el que se vive.

En las elecciones peruanas de 2016, cada habitante que se abstuvo de acudir a las urnas tuvo que pagar el equivalente a 450 pesos mexicanos si habitaba en demarcaciones consideradas “no pobres”.

Para aquellos habitantes de zonas clasificadas como “pobres no extremos” la multa equilavía a 225 pesos mexicanos, y 115 pesos mexicanos para los considerados “pobres extremos”, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (el INE peruano).

Al igual que en Perú, Argentina establece multas económicas que pueden ser equivalentes a 140 pesos mexicanos. Mientras no se realice el pago correspondiente, los argentinos no pueden realizar trámites administrativos ante los diferentes niveles de gobierno por un año, de acuerdo con la Cámara Nacional Electoral, autoridad electoral argentina.

En el caso de Brasil, las sanciones oscilan entre 181 y 600 pesos mexicanos, dependiendo del salario mensual de la región.

De no pagar la multa, los brasileños no pueden realizar trámites como la expedición de pasaportes, préstamos bancarios y ayudas económicas de programas gubernamentales, conforme a los lineamientos del Tribunal Superior Electoral brasileño.

Aquellos ciudadanos brasileños que no participen en tres procesos electorales consecutivos y no paguen las respectivas multas, son sancionados con la cancelación de su credencial de elector.

“Naturalmente, cuando los electores están obligados legalmente a votar, la participación se incrementa dramáticamente”, destaca IDEA en su informe ‘Tendencias de Participación Electoral en el mundo’ (ver Tabla 1 ).

A la mexicana

A pesar de que el artículo 36 constitucional establece el voto como una obligación y que varios países latinoamericanos castigan a quienes no acuden a las urnas, se debe tomar en cuenta el concepto de ‘obediencia’ ciudadana, de acuerdo con los expertos en Estado de Derecho y Periodismo Político, Alfonso Myers y Bruna Cavalcanti.

“Dentro de un país, la obediencia a la norma puede variar considerablemente y, por lo tanto, la simple promulgación de una ley no es suficiente para una votación alta. Por tal razón, se deben generar cambios en el andamiaje legal”, destacan Myers y Cavalcanti en el artículo ‘El voto obligatorio y la participación electoral en México y Brasil’.

Uno de cada cuatro mexicanos piensa que ‘violar la ley no es tan malo, lo malo; es que te sorprendan’, de acuerdo con la ‘Tercera encuesta nacional de cultura constitucional 2016’, realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Bajo estas condiciones, la pregunta es si la ciudadanía está preparada para sancionar el abstencionismo o se muestra más dispuesta a permitir que cada ciudadano que votó por el presidente en turno, haya decidido por cuatro.

El 1 de julio, si acude a las urnas se puede responder esa pregunta.

 

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