Radiografía de la corrupción

El ciudadano que paga sobornos es, típicamente, menor de 35 años y, en mayor medida, pertenece a las clases económicamente menos favorecidas

Octavio Cárdenas

La corrupción no hace distinción de género. En América Latina, hombres (28 por ciento) y mujeres (27 por ciento) pagan sobornos por igual, de acuerdo con el reporte ‘Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe’, realizado por la organización Transparencia Internacionales.

Aunque sí distingue en cuanto edad y nivel socioeconómico. En la región, cometen más actos de corrupción los menores de 35 años de edad (31 por ciento) y la población menos favorecida económicamente (3 por ciento).

“Determinamos que 25 por ciento de las personas que se encuentran en mejor situación económica en la región pagaron un soborno para acceder a servicios básicos, mientras que 30 por ciento de las personas más pobres también lo hizo. No obstante, como las personas pobres tienen menores ingresos disponibles, los pagos de sobornos pueden representar una carga absolutamente desproporcionada sobre sus limitados recursos”, dicta el documento presentado por Transparencia Internacional, a finales de 2017.

En cuanto a la edad, el reporte releva que es mayor el porcentaje de personas menores a 35 años (31 por ciento) que pagaron un soborno en los últimos 12 meses.

“Si bien, en general y en todo tipo de servicios, el índice de pago de soborno disminuye entre las personas de mayor edad, cuando se trata de gestionar servicios de salud esta diferencia prácticamente desaparece: 21 por ciento de las personas entre 18 y 34 años paga un soborno cuando necesita servicios de atención médica, en comparación con 19 por ciento de personas de 55 años y más”.

Esta situación representa una sobrecarga en las finanzas de los adultos mayores, pues por lo general requieren atención sanitaria con mayor frecuencia y ya no son económicamente activos.

En cuanto a la opinión pública sobre los actos de corrupción, destaca que en México menos de la mitad de los encuestados ( 49 por ciento) considera socialmente aceptable la denuncia.

Los ciudadanos de Brasil y Costa Rica son los más proclives a manifestarse de acuerdo con la denuncia, aproximadamente las tres cuartas partes de las personas encuestadas.

Los más jóvenes son ligeramente más proclives a manifestarse de acuerdo con la denuncia, 63 por ciento de las personas de entre 18 y 24 años, mientras que entre los mayores de 55 años el porcentaje es de 56 puntos.

Aunque, pese a que se considere socialmente aceptable la denuncia, uno de cada 10 la practica. Veintiocho por ciento de quienes lo hicieron experimentó represalias o consecuencias negativas.

Percepción de transparencia

En América Latina, 62 por ciento considera que la corrupción aumentó durante los últimos 12 meses. En México, 61 por ciento.

Los grupos de poder considerados más corruptos son la Policía y los representantes electos (diputados y senadores), identificados por 47 por ciento de los entrevistados por Transparencia Internacional.

Les siguen los gobiernos locales ( 45 por ciento) y los presidentes o primeros ministros ( 43por ciento).

La procuración de justicia es otro tema que destaca, pues 40 por ciento considera corruptos a jueces y magistrados.

En México, 61 por ciento considera que el Gobierno tiene un mal desempeño en su lucha contra la corrupción en el sector público.

Entre quienes gestionaron un servicio público en los últimos 12 meses, 29 por ciento pagó un soborno. En México, la cifra fue de 51 por ciento.

“Calculamos que 90 millones de personas en los 20 países sondeados pagaron soborno en el último año”.

Servicios rojos

Los servicios de atención médica pública en la región cuentan con el más alto índice de sobornos.

“Más de una de cada cinco personas ( 20 por ciento) que accedieron a atención médica en los 12 meses anteriores —incluidos tratamientos urgentes y vitales— pagaron un soborno para obtener el tratamiento requerido”, indica el reporte.

La educación pública también se vio afectada por casos de corrupción. Una de cada cinco personas que se pusieron en contacto con escuelas públicas pagó un soborno, a fin de acceder a servicios educativos ( 18 por ciento).

Los índices de soborno más bajos se registraron en tribunales, una de cada ocho personas que tuvo contacto con ellos pagó un soborno.

“Prueba que existe un fuerte riesgo de corrupción, aun en esta institución clave relacionada con la ley y las sanciones ante su incumplimiento ( 12 por ciento). Un dato importante es que 10 por ciento de quienes tuvieron contacto con los tribunales afirma ‘no saber’ si pagó un soborno a la Justicia, lo cual sugiere que no pudieron recordar la experiencia o que dudaron en admitir su pago”, de acuerdo con el documento.

Al analizar los resultados por país, se deduce que México evidencia claramente los más graves índices de corrupción en la prestación de servicios públicos; en particular, en el caso de escuelas, atención de la salud y documentación personal (de 33 a 39 por ciento). Incluso superior a la Policía (de 21 a 30 por ciento) y los tribunales (de 11 a 20 por ciento), concluye Transparencia Internacional.

 

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