9 de cada 10 venezolanos no pudieron pagar alimentación diaria en 2017: Provea

Los problemas sociales se agudizaron en medio de las protestas contra el Gobierno entre abril y julio, y  dejaron más de 100 muertos.

La organización no gubernamental Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) señaló hoy que en 2017 se registraron los peores indicadores sociales en casi tres décadas en Venezuela, donde nueve de cada 10 ciudadanos no pudieron pagar su alimentación diaria.

En la presentación de su informe de 2017, Provea destacó el hecho de que los problemas sociales se agudizaron en medio de las protestas contra el Gobierno entre abril y julio, que dejaron más de 100 muertos.

Reportó que entre los principales hallazgos del informe anual resalta lo referido a la situación del derecho a la alimentación, a la salud, a la vida e integridad personal.

“En 2017 la población venezolana continuó viviendo el deterioro de su calidad de vida, pero a su vez fue protagonista de la primera rebelión popular del siglo XXI. Gracias a la rebelión popular de 2017, el mundo sabe que en Venezuela vivimos en dictadura y se acrecienta el apoyo internacional al pueblo venezolano”, señaló.

El portavoz del grupo, Rafael Uzcátegui, dijo que Provea registró los peores indicadores en materia de derechos humanos desde 1989, cuando la agrupación comenzó a elaborar su evaluación anual.

Dijo que el informe de 2017 se centró en la crisis por el hambre y las protestas contra el Gobierno, sobre el cual la comunidad internacional aumentó la presión y muchas iniciativas contribuyeron a visibilizar la delicada situación en derechos humanos.

El informe inició con un balance del sistema alimentario, caracterizado por una reducción sostenida de la producción nacional, de las importaciones y del consumo de alimentos, que comenzaron a generar niveles alarmantes de desnutrición aguda.

El informe citó cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) que indica que en el país se registraron 1.8 millones de personas con hambre, a partir de la oferta que se puede garantizar, de un total de casi 30 millones de habitantes.

La especialista en el tema, Susana Rafalli, indicó que durante el año pasado disminuyó en 52 por ciento la importación de alimentos, sin un aumento respectivo de la producción nacional.

Agregó que nueve de cada 10 venezolanos no pudieron pagar su alimentación diaria, ocho de cada 10 declararon haber comido menos por no contar con suficiente alimento en el hogar o por la escasez.

Rafalli dijo que a la escasez de alimentos se sumaron herramientas para el control social como los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), el carnet de la patria, un documento que emite el Gobierno, y los colectivos afines la Gobierno, los cuales forman parte de la arquitectura del “control estatal sobre el hecho alimentario”.

“La naturaleza de las instituciones y formas de organización que se consolidaron en 2017 para el control estatal de lo alimentario, obedecen a objetivos políticos y no a la realización de un derecho humano”, puntualizó.

Añadió que las regulaciones dictadas por el Gobierno en 2017 a los productores condujeron a la erosión del derecho a la alimentación y a la consolidación de los mecanismos de control social.

“El carnet de la patria se creó como una herramienta para consolidar la dominación”, aseveró.

Señaló que además se registraron 11.852 violaciones a la propiedad privada vinculadas a actores alimentarios que afectaron la “obligación estatal de respetar la realización del derecho a la alimentación”.

Provea mencionó a la organización católica Caritas, la cual reportó un aumento de 100 por ciento en las cifras de desnutrición aguda en menores de cinco años.

Notimex

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